La lucha contra la corrupción y la impunidad en el país tiene en la “ley de secretos oficiales” uno de sus principales aliados, y así lo evidencia la denuncia del uso de más de 41 millones de lempiras para la compra de instrumentos musicales para nueve bandas marciales y 24 bandas de guerra de las Fuerzas Armadas, cuya información está clasificada como “secreto de Estado”, invocando motivos de seguridad nacional.
EL HERALDO tuvo acceso a los documentos que evidencian una serie de acciones reñidas con la transparencia y el correcto uso de los fondos del popular “tasón”, creado con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia común y organizada.
Según los documentos, en la adjudicación y compra de los instrumentos musicales hay evidencias de fraude y sobrevaloración de precios, entre otras acciones que deberían de ser investigadas de oficio por el Ministerio Público.
Investigar esta denuncia es solo un paso para garantizar el buen manejo de los fondos públicos, que debe ser transparentado y nunca declarado como un secreto de seguridad nacional. En la lucha contra la corrupción, la transparencia es una herramienta básica y quienes ostentan el poder deben saberlo.
Actualmente, en el Congreso Nacional hay dos iniciativas de reformas a la “ley de secretos”, que sin duda deben ser retomadas por los diputados.
Ellos, los congresistas, sin importar su ideología, están en la obligación de dar los pasos que corresponden para transparentar el uso de los fondos públicos, teniendo como norte el principio que establece que en materia de defensa y seguridad, el secreto debe ser la excepción y no la norma en cuanto a la clasificación de información, contexto en el cual debe prevalecer que el manejo y el destino de los fondos públicos debe ser público.
