Para el periodista Alex Cáceres, quien recientemente fue víctima de la brutalidad policial, la libertad de expresión siempre ha sido un derecho limitado, tanto por las fuerzas represivas del Estado como por la intolerancia de sectores políticos y gremiales, que ahora se manifiestan en las calles acompañados de turbas violentas.
Hoy que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa no se puede pasar por alto la difícil situación que vive la prensa y la ciudadanía, una al cumplir su trabajo de informar y la otra al expresarse libremente.
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Desde el 2001 a la fecha, 77 personas vinculadas con medios de comunicación han muerto violentamente.
El 92% de los casos está en la impunidad. A esto le siguen las constantes agresiones verbales y físicas, amenazas a muerte y querellas que vienen sufriendo los periodistas, comunicadores, fotógrafos y camarógrafos en el ejercicio de su oficio. Incluso, en la actualidad un periodista está encarcelado por delitos que en otras sociedades son del ámbito civil y no penal, como el caso del comunicador David Romero.
Responsabilidad
Existen violaciones tanto del Estado, encargado de tutelar la libertad de expresión, como también de quienes gozan de ese derecho.
Las transgresiones van desde lo sutil, cuando un ministro prohíbe a sus subalternos no hablar con la prensa, cuando ilegalmente se intervienen las comunicaciones telefónicas, hasta lo abiertamente pernicioso cuando se aprueban legislaciones que la afectan, como la Ley de Ciberseguridad, la “ley de secretos” y la Ley contra el Terrorismo.
Las actuaciones ilegales y abusivas de los políticos que han polarizado la sociedad, las acciones de las fuerzas del orden, el comportamiento agresivo de ciertos gremios profesionales y los violentos grupos de choque -encapuchados- hoy forman una mezcla que amenaza la libertad de expresión.
Ese irrespeto llega a las calles, donde los manifestantes y los caratapada -incitados por políticos de oficio y gente que se protege en chalecos- siembran el terror, la violencia y la destrucción de bienes públicos y privados que el ineficiente sistema de justicia del país no persigue.
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Conadeh
La libertad de expresión e información “es un bien público para la sociedad, para el Estado y para el progreso en democracia.
Pero esa concepción que se refleja en las leyes y en el discurso formal no se materializa completamente en la vida real”, reflexionó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.
El Estado siempre debe garantizar el ejercicio efectivo de este derecho sin amenazas, sin riesgo, y en caso de que estas se hayan materializado se debe someter a los tribunales correspondientes a los responsables y lograr que se reparen los daños, y que se prevenga para que no se repitan, afirmó.
Herrera explicó que actualmente hay un irrespeto “de derechos humanos provenientes de particulares hacia los periodistas. Desde ese punto de vista sentimos que ni la sociedad ni el Estado todavía demuestran un compromiso real de permitir, posibilitar el ejercicio efectivo de este derecho”.
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Desafíos
De acuerdo con Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Estado tiene el reto de revisar ciertas legislaciones que violentan el derecho a la libertad de expresión. Igualmente planteó el fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas.
Rodríguez lamentó que ahora las agresiones contra la prensa venga de sectores sociales polarizados, a quienes pidió no estigmatizar a los periodistas porque ellos solamente son obreros de la comunicación que no definen las políticas del medio donde trabajan.
El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) agregó que actualmente hay una vulneración a este derecho por parte del Estado y de una sociedad polarizada. También hay aspectos jurídicos que limitan la libertad de expresión y eso debe revisarse, añadió. Llamó a sus colegas a realizar un trabajo responsablemente para evitar las agresiones y las persecuciones legales.
