En 1905 nació en San Petersburgo, Rusia, quien sería la filósofa y escritora estadounidense Alissa Zinovievna Rosenbaum, conocida en el mundo literario con el seudónimo Ayn Rand, fallecida luego en marzo de 1982 en Nueva York.
En su novela “Atlas Shrugged” (1950), traducida como “La rebelión de Atlas”, visualiza críticamente al mundo de hoy: “Cuando adviertas que para producir necesitas autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino, al contrario, son ellos quienes están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.
Lo cual está ocurriendo en Honduras desde hace cincuenta años, cuando se instauró con perfiles de profesión y oficio la continua violación de las leyes de la honestidad, ya fuera en carácter discreto o con escándalo.
Cincuenta años antes —en lo que Marielos Chaverri titula “siglo de la corrupción contemporánea”— existía el dolo, desde luego, pero no todavía con ambición de permanencia sistémica.
Pues es desde los regímenes militares cuando civiles y castrenses se dedican a esquilmar el presupuesto oficial para usufructo propio mediante mil estratagemas de explotación y expoliación hoy perfeccionadas, lo que institucionaliza eso que ya se nombra gran estafa histórica sufrida por el pueblo y que se expresa en millares de modos tecnificados de robo y corrupción: en la subasta de cargos públicos por parte de los partidos tradicionales, que en el fondo es patente de corso y autorización para malversar una vez en el gobierno; en la selección de los candidatos a diputados, quienes deben “aportar” para conseguir las curules del partido, lo que significa comprarlas, obstruyendo así las reglas democráticas; en el financiamiento oculto a esos partidos por parte de élites de poder, previos compromisos a futuro jamás beneficiosos para la sociedad; en las millonarias delincuencias (que ya son moda) que acontecen cada segundo o tercer año de gobierno y que consisten en inflados proyectos de obras públicas de donde se obtiene espumosos financiamientos destinados a la subsiguiente campaña electoral —el escándalo de los Sextos Juegos Centroamericanos, el negociado con los bulevares Norte y Este de SPS, el peculado en el procesamiento de cédulas de identidad, las comisiones ilícitas generadas desde la Empresa Nacional Portuaria, la peste febril de los “azos” (lapizazo, lechazo, el relativamente cercano gasolinazo) y los contemporáneos delitos contra la república ya casi sin disfraz: el gacetazo de 2010, el contratazo para energía sucia, la entrega de las fuentes nacionales de agua sin consenso y menos provecho de las comunidades, la rendición de la soberanía mediante las “ciudades modelo” —modelos de indignidad—, la ampliación de franquicias inconstitucionales y perjudiciales al erario (en China los crímenes contra la economía patria se cobran con fusilamiento), entre otros conocidos y por conocer.
Tal violencia contra el ciudadano es un componente más de la degeneración social que atraviesa Honduras, pues retrata con obviedad cómo ciertos grupos particulares de gentes —que al presente operan con dos poderes ejecutivos— se apropiaron de la nación y la secuestraron para su egoísmo.
Excepto que por su misma impunidad cometieron el error del golpe de Estado y exhibieron con desfachatez al sistema, ahora en peligro ante la indignación popular.
La estafa centenaria se aproxima al fin siempre que la población aprenda a exigir el control de su destino, fabrique las alianzas necesarias y oportunas entre empresa privada decente y no oligárquica con fuerza laboral y, sobre todo, si asume un inteligente proyecto de nación que privilegie a todos.
De no ser así, y como Any Rand vaticina, “tu sociedad está condenada”.
