El 1% como impuesto para las empresas que declaren pérdidas es una confiscación y por ende una violación de la Constitución de la República de Honduras.
Es una franca imposición ilegal del Estado a bienes y derechos de los ciudadanos considerándolos, sin juicio, culpables y sancionados con gravamen a personas que pierden y que, por lo tanto, no tienen renta.
Esto es una gran barbaridad y representa dos cosas: primero, la suprema ignorancia legal y de derechos de propiedad por parte de la gran mayoría de los diputados, y segundo, una inconmovible irresponsabilidad del gobierno que no es capaz de combatir la evasión fiscal.
Esta carga autoritaria representa un prejuzgamiento al empresario o al inversionista que sin previo aviso, sin audiencia, es declarado culpable por perder y de forma violenta se ajusticia la actividad económica. Es preferible hacer investigaciones serias y auditorías a esas compañías que preevaluarlas como evasoras.
No es este reclamo un apoyo al evasor sino una alarmante manifestación contra el autoritarismo y el aplastamiento a los intereses de los proveedores de bienes y servicios por parte de sectores políticos interesados en generar ingresos de forma ilegítima cuando existen leyes y procedimientos de tributación y ejecución de rentas. Esto es el vivo ejemplo de la maldad, solo atribuida en la biblia a los cobradores de impuestos injustos.
Por favor, eviten acciones de amparo y no presionen a la Corte Suprema frente a la viva conculcación del derecho a la tributación justa y equitativa.
Con este gravamen ilegal se destruye la confianza en la economía y se fomentará la destrucción de la inversión en perjuicio de los consumidores.
No se forma equidad con medios y forma inconstitucionales.
