Como nunca ha podido siquiera ordenar el sistema público es obvio que la Secretaría de Educación tampoco ejerce control alguno sobre el sistema privado, donde los empresarios del rubro hacen lo que se les antoja en detrimento de los alumnos y padres de familia.
Por eso, tampoco debería extrañarnos mucho que la Dirección Departamental de Francisco Morazán ahora “AVISA Y PREVIENE a los padres y madres de familia y a toda persona que ha decidido matricular a sus hijos en centros educativos de carácter privado para el próximo año lectivo 2013; exija a los directivos (as) y/o propietarios (as) de dichos centros muestren los acuerdos y permisos de operación extendidos por esta dependencia y/o Secretaría de Educación, a fin de garantizar la validez requerida por nuestras leyes educativas”.
“Este aviso se hace ante el desmedido surgimiento de escuelas y colegios que no cuentan con ningún soporte legal que respalde sus operaciones, por lo que los servicios que ofertan a la población no tendrán ninguna validez legal”, señala la Departamental, que también advierte que “no legalizará ni autorizará los trámites, documentación y certificaciones de estudio que se realizaron o realizan al margen de la ley”.
Aunque estas escuelas y colegios no han sido identificadas por su nombre, EL HERALDO supo que se trata de unos 50 centros educativos solo en el departamento de Francisco Morazán.
Si la Secretaría de Educación y el Ministerio Público cumplieran a cabalidad sus funciones, estos centros que estafan a los padres de familia y a sus alumnos hace tiempo hubieran sido identificados y cerrados, al igual que castigados sus propietarios para que a nadie más se le ocurriera jugar así con la necesidad de educación existente.
Pero la Secretaría de Educación también debería ejercer un mayor control de escuelas y colegios públicos para informar periódicamente a la población sobre aquellos de más baja calidad, en los que por misérrimos salarios contratan como profesores a personas sin formación pedagógica o no cuentan ni con planes de estudio. La Fiscalía debería mantener a raya a los que abusan con sus cobros por matrícula, colegiatura, servicio de transporte y otros.
La cuestión es que los centros privados actúan sin control alguno en materia de calidad educativa, porque el organismo estatal encargado de regirla no puede poner en cintura ni siquiera a sus propios subalternos directos.
