Aunque está dentro del programa de promoción y defensa del proyecto de reformas de la Ley Marco de Telecomunicaciones, lo cierto es que la llamada “socialización” de la también conocida como “ley mordaza” no arrancó por buen camino la semana pasada.
Las diversas comisiones del Congreso Nacional desplegadas por diversos sectores del país no han alcanzado plenamente el cometido ya que se ha incumplido hasta con los horarios programados, no se han invitado a todos los interesados, los encuentros han estado atestados de activistas políticos, imperando, como en toda la administración pública, el desorden, la improvisación y la politiquería.
“Quiero decirle que esas consultas deben ser democráticas; esas consultas que se están haciendo no están invitando a los sectores de los pueblos para que se les escuche su pensamiento y su voz en torno a esta ley”, le espetó el coordinador de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), Celio Álvarez Casildo, al propio presidente Porfirio Lobo durante el Consejo de Ministros realizado en la comunidad de Limón, Colón, el pasado viernes.
Por su parte, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras (Fesitranh), José Dolores Valenzuela, calificó de “fracaso” el evento realizado en San Pedro Sula, bajo la conducción de los diputados Welsy Vásquez y Teófilo Enamorado. “Esto parece una reunión política (por la numerosa presencia de activistas) y la ausencia de los actores principales que afecta esta ley”, dijo Valenzuela, quien también advirtió que “como organización sindical no vamos a permitir que se viole la libertad de expresión”.
Todo parece indicar que esto de la “socialización” que realiza el Congreso Nacional, como ya ocurrió antes en el Ejecutivo, tiene más el propósito de crear un apoyo ficticio que el de permitir que todos los sectores nacionales aporten para eliminar de la iniciativa de ley todo aquello que viola la libertad de expresión, la libre empresa y las leyes nacionales e internacionales sobre las que se sustenta la protección de elementales derechos humanos.
Al final de lo que se trata es de maquillar una imposición que les conviene a quienes gobiernan y pretenden seguir en el poder de la nación, pero que representa una grave amenaza para la libertad ciudadana y la democracia.
