¿Cómo estará tu día?
El derecho del pueblo a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés de su desarrollo y prosperidad.
Para el Estado, la comunidad y el inversionista, es de ventaja o utilidad recíproca estrechar progresivamente relaciones transparentes de cooperación para favorecer el bienestar de la población con prácticas positivas que reflejen la unidad indivisible de la responsabilidad social y medioambiental y el éxito empresarial.
Como un medio orientado a contribuir, junto con otros, a garantizar esa utilidad común, identificamos la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI), que comprende la supervisión nacional e internacional de la gestión y utilización de los recursos y sus riquezas, con objetivos y compromisos generales y específicos, como los que señalan que: “está dentro del dominio de los gobiernos soberanos el proceder a la administración de la riqueza de recursos naturales en beneficio de los ciudadanos de sus países, de modo que se promuevan los intereses de su desarrollo nacional… el uso prudente de la riqueza de los recursos naturales debería ser una fuerza motriz importante para un crecimiento económico sostenible que contribuya al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.
Sin embargo, si no se administra adecuadamente esta riqueza, puede producir efectos sociales y económicos negativos”; siendo necesario que: “los gobiernos y las empresas de las industrias extractivas respeten la transparencia y la necesidad de mejorar la gestión de las finanzas públicas y la rendición de cuentas” y que: “el logro de una mayor transparencia debe encuadrarse en el respeto de los contratos y de las leyes”.
Por su correspondencia con la Constitución y Visión de País y Plan de Nación, Honduras optó por esa iniciativa internacional, constituyéndose los tres sectores del Estado como Organización nacional EITI, y, el 22 de mayo del 2013, nuestro país adhirió a ese estándar global de transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad que favorece una nueva forma de gestionar y utilizar la riqueza de los recursos naturales no renovables para el crecimiento y desarrollo hacia el mejoramiento progresivo de la calidad de vida y de trabajo de toda la población; afianza la soberanía del pueblo; innova relaciones con los inversionistas por la vía del respeto y provecho equitativo; mejora la imagen del país y de los empresarios contribuyendo a relaciones productivas Estado–empresa; robustece la seguridad jurídica e incentiva la sana competencia y competitividad empresarial.
Hoy se impone cumplir realmente con todos los principios y requerimientos de la EITI y avanzar simultáneamente en la definición de una transparente, participativa y explícita política de Estado para la gestión de los recursos naturales hacia su fin primordial de reducir sustancialmente causas estructurales de la pobreza e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestra gente.
Esa política se orientaría a generar un proceso de recuperación progresiva de calidad y valor en el curso que conduce a la utilización de los recursos naturales mediante buenas prácticas de aprovechamiento racional; procesos ciertos y verificables de licenciamiento, supervisión, administración contractual y auditoría ambiental; participación ciudadana y consulta comunitaria; agregación de valores de contenido local; diversificación de la producción; desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas para subvenir a las necesidades de las industrias extractivas y de las comunidades; goce efectivo de la responsabilidad social y ambiental de las empresas; impulso a la creación de continuidad de progreso social comunitario posterior a la temporal actividad extractiva; prevención de la conflictividad social y corrupción; gestión pública financiera que repercuta exclusivamente en el crecimiento económico inclusivo y desarrollo local y nacional.
Las bases legales ya están establecidas para la formulación de esa política. Su efectividad se aseguraría con el compromiso firme y activo de los tres sectores del Estado y, en especial, de los sucesivos gobiernos de Honduras e
inversionistas, sus Estados sede y los centros de financiamiento de sus actividades.
En un marco ambientalmente sustentable y con una política explícita de gestión de los recursos naturales, es posible y factible lograr el máximo beneficio económico y social para los habitantes, de la riqueza de los recursos como pilar fundamental para el futuro de prosperidad, vida digna y seguridad democrática de Honduras.
