Agripina es una humilde campesina habitante de uno de los municipios del sur de Francisco Morazán. Ella viene a la capital en busca de atención médica que en su comunidad no puede encontrar; cuando ya le va a tocar su turno para que el médico la vea y le haga el diagnóstico de su enfermedad, y desde luego le indique la medicina que requiere, una enfermera sale al pasillo del hospital y les dice a todas las personas que el doctor no podrá atender más pacientes porque tiene que asistir a una asamblea informativa, figura eufemística con la cual se disfrazan las huelgas o paros de labores. Ella tiene que regresarse a su comunidad con las manos vacías y sin saber si en la próxima visita que haga al hospital se encontrará con una nueva asamblea.
Agripina no logra entender que los profesionales de la medicina argumenten las carencias hospitalarias para irse a un paro de actividades y que la principal víctima de dicha acción sea ella al no ser atendida de sus dolencias, extraña acción que termina castigando a los que se pretende defender.
Los pobres, para la dirigencia gremial del país en sus reclamos, se convierten en rehenes y en su elemento de presión, mismos que son olvidados cuando concluyen las negociaciones y llegan a acuerdos con el gobierno. Pronto se descubre que lo que a ellos les interesaba eran únicamente sus demandas de tipo salarial, la inclusión de los problemas de los pacientes pobres quedan en el olvido.
A los dirigentes gremiales se les olvidó que la frase del poeta Roberto Sosa cuando decía que “los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos”, era un llamado a la solidaridad con los más desprotegidos.
Resulta irónico y hasta contradictorio que el Estado con recursos del pueblo forme profesionales, luego, por razones clientelistas les aprueben instrumentos jurídicos donde se consignan enormes privilegios de naturaleza económica y social y que después estos presionen desde las necesidades de la pobrería para mantener e incrementar esos privilegios.
Hace algún tiempo, conversando con un prestigioso líder sindical de una empresa en el sector privado, reflexionaba sobre lo fácil que resulta la protesta en el sector estatal; en las empresas industriales, bancarias y comerciales los paros de labores son sancionadas con mucha fuerza, en cambio en las huelgas en el Estado al final del conflicto siempre aparece ahí un acuerdo que establece que no habrá represalias por los costos derivados de la acción, lo cual quiere decir que no se dejarán de pagar salarios caídos, que es como que los representantes oficiales al final terminan pagando a los trabajadores para que le hagan protesta al mismo Estado.
Total, las huelgas en el burocrático Estado a los que más perjudican son a los pobres y estos no tienen representación gremial y no pueden presionar como lo hacen los llamados servidores públicos.
