Tras agotarse el término de registro, esta semana han iniciado operativos para verificar si motoristas y ayudantes están cumpliendo los requisitos establecidos y, además, verificar si la flota de autobuses del transporte urbano opera legalmente. Solo falta ahora que se cumpla con lo anunciado para garantizar la seguridad de los usuarios y la concreción de un proceso similar para los taxis, que concluye este mes de julio, según las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT).
Se trata, pues, de una nueva oportunidad para que al fin se materialice una verdadera depuración en el sistema del transporte público, que está lejos de cumplir un servicio efectivo, cómodo y seguro.
Además del pésimo estado de las unidades –incluso las del llamado servicio “ejecutivo” que fue el anzuelo con el que los empresarios del transporte, con la aquiescencia de las autoridades impusieron un duro golpe al bolsillo de los usuarios— se trata también de la inseguridad con que se viaja y del incumplimiento de rutas y horarios de servicio.
Pero lo peor es la denunciada infiltración de las bandas del crimen que la misma Policía considera responsable de algunos de los miles de homicidios y hasta incendios de buses que ha afectado al sector y que llega al extremo de que incluso empresarios del sector han sido vinculados a bandas de extorsionadores, algunos de ellos todavía prófugos de la justicia.
Esperemos que esta vez, la DGT, en un trabajo conjunto con la Dirección General de Transporte y de la propia Alcaldía, logren poner orden en el caos existente en el transporte público al que también contribuyen los gobiernos con la repartición irregular de permisos de operación, lo que ha saturado el mercado al grado que, por lo menos en el caso de los taxis en la capital, su número excede a las necesidades existentes.
Pero también está la necesidad urgente de que las autoridades protejan a los empresarios honestos del transporte urbano que son víctimas de las diferentes formas de delincuencia, principalmente la relacionada al cobro del tristemente célebre impuesto de guerra.
Hasta que todo esto sea posible, el gobierno tendrá la autoridad moral de materializar acciones orientadas al ahorro de combustible y a disminuir los infernales congestionamientos viales que empeoran la calidad de vida de los capitalinos, ya que incluso la ciudadanía honrada que posee su vehículo podrá hacer uso del transporte público con la seguridad de no poner en riesgo su vida y sus bienes, viajando con seguridad y comodidad.
