Los empresarios mineros en Honduras han sido ampliamente satisfechos en sus deseos de acomodar la Ley de Minería a su favor, aparentemente por diputados y políticos ávidos de fondos para su campaña electoral; por altos funcionarios de la Dirección de Fomento a la Minería interesados en continuar como altos ejecutivos en la nueva instancia que se crea con rango de Secretaría -cuyo nombre será Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin-; por la Federación de ONG privadas (Foprideh) que se abroga el falso derecho de representar al resto de las ONG; Caritas-Tegucigalpa y un par de instancias más.
El neoliberalismo, en su más despiadada expresión, refina para beneficio económico de las transnacionales mineras la ya execrable ley de 1998, derogada en 13 de sus artículos por inconstitucionales, y atenta en contra del ambiente, la sociedad, la economía del país y de la humanidad en general.
La sociedad civil hondureña, sin recursos financieros, ha respondido con una “caminata” de protesta, que el 25 de febrero de 2013 inicia con la participación de indígenas, garífunas, mestizos, frailes, monjas, acompañantes internacionales y recorre 200 kilómetros desde La Barca, en Puerto Cortés, hasta la capital, Tegucigalpa, adonde llegan después de 9 días, el 6 de marzo, difundiendo sus mensajes de protesta en contra de la nueva Ley de Minería, exigiendo su derogación y advirtiendo sobre los impactos de la misma en contra de la Creación.
Otro sector de la sociedad civil incorporada en una Coalición Nacional de Redes Ambientales también tiene su Asamblea en Siguatepeque el 14 y 15 de marzo, para discutir la estrategia de oposición a la susodicha ley. De los cuatro confines de la nación arriban los delegados de ONG, acompañantes internacionales y de la Iglesia que no sigue las pautas de la Caritas-Tegucigalpa del cardenal Rodríguez.
En los “caminantes” predomina la férrea decisión de impedir a toda costa la llegada de “mineros exploradores” a sus regiones; idea que comparte la mayoría de los “asambleístas”, quienes además solo esperan que la ley sea publicada en La Gaceta para proceder a su impugnación.
Con esto, el gobierno abre otro frente de división en el pueblo: minería, “ciudades modelo”, Coalianza, magisterio, medios de comunicación, Iglesias…
Esto y más es un caldo de corrupción que se nutre con los despojos de la “res-pública” y exhibe la política neoliberal hundiendo sus colmillos opíparamente en la escuálida Honduras, al igual que lo hace en el resto del mundo.
