El hecho de estar privado de libertad por la comisión de un delito no debe significar que la persona recluida no deba tener derecho a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, tras haber cumplido la sentencia a la que fue condenada por el juez competente, a fin de expiar el daño y/o lesión causado.
Siempre debe existir una segunda oportunidad, ya que el ser humano tiene la capacidad innata de rectificar y enmendar las ofensas perpetradas.
Por ello, los presidiarios no deben ser una excepción. Tradicionalmente, los centros penitenciarios diseminados en el territorio nacional han servido para reforzar conductas delictivas, constituyéndose en centros de operaciones del crimen organizado, en punto focal de enfrentamiento entre bandas y pandillas, donde impera la ley del más fuerte y del que posee medios económicos e influencias para gozar de privilegios y canonjías de las que están exentas la mayoría de prisioneros.
También han sido escenario de fugas y masacres, de tráfico de armas y drogas, de lucrativos negocios para ciertas autoridades que incurren en actos de corrupción y abuso de poder.
Empero, hay señales de optimismo y de cambio positivo con el anuncio del titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, en el sentido que se implementara el programa educativo apropiadamente bautizado con el lema “la educación también me da libertad”.
En efecto, el hecho de estar confinado en un reclusorio, por un corto o largo período, no significa que ya no existe futuro ni eventual superación para el reo, siempre y cuando se le brinden facilidades institucionales para el aprendizaje, sea para alfabetizar, para capacitar en un oficio o destreza que permita su dignificación y su mejoría económica, tanto al interior de la cárcel como al momento de cumplir la condena impuesta y reintegrase a la comunidad.
Esta iniciativa debe contar con el respaldo de otras agencias estatales y también de organizaciones privadas de desarrollo, particularmente de aquellas que defienden y promueven los derechos humanos.
