Al recibir por escrito los comentarios, sugerencias y observaciones de cada uno de los sectores nacionales convocados el pasado viernes para la socialización de la propuesta para reformar la Ley de Telecomunicaciones, el gobierno tiene a partir de hoy la oportunidad de estudiar más a profundidad las reacciones adversas a fin de rectificar los sesgos, las amenazas a la libertad de expresión y de empresa y las violaciones a la propia Constitución de la República y la ley internacional contenidas en el mencionado proyecto.
Tal y como está redactado, existe plena coincidencia en los más diversos sectores nacionales de que el proyecto de ley tiene una fuerte tendencia populista, que iría encaminado a “democratizar” el acceso a los medios, principalmente radio y televisión, pero que en la práctica representa una regresión a la inaceptable censura previa y, al final, a que el gobierno controle los medios de comunicación, en abierta violación a la libertad de expresión y al derecho de informar y ser informado.
Además de que le daría al gobierno la potestad de decidir qué pueden escuchar, ver o leer los ciudadanos, también le otorgaría poder incluso para acosar, someter y hasta confiscar a un medio de comunicación independiente que se aparte de la “verdad” oficial.
Por eso es importante tener en cuenta posiciones como la de la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), que el viernes pasado recordó en un comunicado el papel fundamental de los medios en la democracia hondureña y deploró “cualquier amenaza o intimidación”.
Con respecto al proyecto que se socializa, la AMC es del criterio que “cualquier reforma debe estar enmarcada en los principios universales del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y que “debe garantizar y profundizar el derecho de emisión del pensamiento a fin de evitar la restricción por vías o medios indirectos”.
En ese sentido, esperamos que todos los sectores representados en la socialización promovida por el presidente Lobo, hagan sus aportes correspondientes, no basados en sus intereses personales o de grupo, sino con argumentaciones basadas en la ley nacional e internacional y en el más absoluto respeto de la tradición democrática y del estado de derecho.
Veremos, entonces, qué tan honesto es el proceso de socialización de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y cuál es el propósito real de quienes nos gobiernan y aspiran a seguirlo haciendo.
