Nadie pone en entredicho que todos las personas encarceladas deben ser “tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos”, tal como lo señala Naciones Unidas y las demás leyes internacionales y nacionales al respecto. Pero hasta los mismos principios básicos para el tratamiento de los reclusos de la ONU reconocen “las limitaciones… evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento”.
En ese sentido, y peor ante la desesperante crisis de inseguridad que vive Honduras, resultan realmente absurdas y hasta irrespetuosas con las víctimas de la violencia criminal, las críticas en contra de operativos como el realizado el martes en la Penitenciaría Central en el que se decomisaron, entre otros, televisores, equipos de sonido y consolas de videojuegos de última generación en el módulo en el que están recluidos los “mareros”.
Claro, estos equipos electrónicos también estaban acompañados, en el decomiso, de otros artículos de lujo para los reclusos y otros que pueden ser utilizados para cometer agresiones, para fugarse, para emborracharse y hasta para drogarse; a no ser que esto último también se defina como entretenimiento válido para quienes están privados de su libertad por delitos cometidos. Ya en el pasado se les ha decomisado dinero, equipo para comunicarse con el exterior, armas de fuego y hasta granadas.
El segundo de los principios de la ONU anteriormente señalados reza que: “No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores”. Pero no es discriminatorio que mientras los reclusos más pobres sufran todo tipo de carencias, incluyendo en la alimentación y ni siquiera cuenten con un abogado que los represente, haya algunos que con dinero malhabido disfruten en prisión de lujos que no están al alcance de muchos de los ciudadanos hondureños que viven en libertad.
El mencionado decomiso en la Penitenciaría Nacional, específicamente en los módulos donde están los pandilleros, es un ejemplo irrisorio de la impunidad en las cárceles y evidencia, una vez más, que estos centros están bajo control de los reclusos y no de la autoridad. De hecho, hasta ahora se da cuenta del ingreso de policías a estos módulos porque tenían vetado el ingreso.
Ahora, esperemos que esto no sea parte de la repetida película donde nos muestran escenas del buen accionar de la autoridad, pero que días después vuelve el reino de la impunidad y el caos.