Este próximo 24 de noviembre de 2013 los hondureños concurriremos a las urnas a elegir las nuevas autoridades que regirán los destinos del país durante los próximos 4 años. Estas elecciones nos darán a todos la oportunidad de escoger los ciudadanos que, a nuestro criterio, son los que mejor pueden contribuir a un proceso de transformación de nuestro país, independientemente de nuestras preferencias partidarias.
La historia ha demostrado que los países bajo dictaduras, ya sean de derecha o de izquierda, lo único que hacen es enriquecer a los grupos privilegiados que ostentan el poder, empobreciendo más a las grandes mayorías.
Las dictaduras promueven el dominio férreo del poder por un pequeño grupo, la restricción de los derechos y las libertades individuales y la eliminación de la independencia de los poderes y del sistema de pesos y contrapesos, tan necesario para evitar los abusos contra los ciudadanos. A pesar de sus imperfecciones, la democracia sigue siendo el sistema que ofrece mayores oportunidades a los ciudadanos de un país.
En estas elecciones tenemos que votar por el candidato a dirigir la primera magistratura del país que en nuestra opinión se caracterice por su don de liderazgo, su honestidad y transparencia, sus principios y valores y que esté dispuesto a impulsar los cambios estructurales que necesita nuestro país para salir del subdesarrollo que tiene sumido a miles de hondureños en la pobreza, la desigualdad, la desesperanza y la desilusión.
Honduras necesita en primer término que los gobernantes impulsen sistemas políticos y económicos inclusivos, donde todos los hondureños tengamos la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Los fundamentos de la pobreza que afecta a muchos países como Honduras no tienen nada que ver con su posición geográfica o sus recursos naturales, se debe primordialmente a que los que han ostentado el poder han tomado decisiones que han creado pobreza para muchos y riqueza para pocos.
El éxito económico de los países depende de sus instituciones, de las reglas que se imponen para el funcionamiento de la economía y de los incentivos que motivan a las personas.
Los países que generan bienestar económico posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de sus ciudadanos en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo decida lo que desea hacer. Complementariamente ofrecen seguridad de la propiedad privada, un sistema judicial imparcial y estricto y servicios públicos que promueven la inversión, el crecimiento económico, la equidad y el bienestar general.
Sin embargo, el crecimiento económico que es vital para lograr el desarrollo tiene que ser inclusivo, es decir, tiene que ser sostenido y de largo plazo, de base amplia en todos los sectores económicos y crear oportunidades de empleo productivo para la mayoría de la población. Para lograr el crecimiento económico inclusivo se necesita un marco macroeconómico estable y que infunda confianza a los ciudadanos.
Esto significa déficits moderados en términos fiscales y de cuenta corriente, un nivel razonable de endeudamiento con relación al PIB, niveles bajos y estables de inflación, y un buen nivel de reservas internacionales. También se requiere promover altas tasas de inversión y de ahorro, un sistema proclive hacia la apertura comercial y, sobre todo, un buen gobierno.
Las estrategias para lograr el crecimiento sostenido de largo plazo —por lo menos 20 años— se fundamentan en una base de producción exportable que sea competitiva y diversificada en productos y destinos, impulsar la producción y la productividad en sectores intensivos en mano de obra, un manejo eficiente de los recursos naturales y fortalecer la cohesión social mediante redes de protección social focalizadas y manejadas en forma transparente.
El Estado, representado por los gobiernos de turno, tiene que asumir con responsabilidad la aplicación de la ley y el orden, garantizar la propiedad privada y los contratos, utilizar en forma eficiente los recursos que aportan los contribuyentes para ofrecer buenos servicios en seguridad, salud y educación, y reducir significativamente los niveles de pobreza. Necesitamos gobiernos que, efectivamente, consideren a los sectores productivos como aliados para el desarrollo económico y social, para que en conjunto se implemente una visión transformadora de largo plazo.
