Como en muchos otros campos de la pésima administración pública hondureña, en el sector transporte campea el desorden, la corrupción, el favoritismo. De hecho, pareciera que la misma Dirección General del Transporte fue creada para eso y no para contribuir con el desarrollo nacional mediante el establecimiento de un sistema que facilite la movilización de personas y carga con rapidez, seguridad y comodidad.
Pero en esa entidad, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) también las cosas, ya malas, empeoraron en el gobierno anterior. Allí llegaron funcionarios a usufructuar la entidad. Pensaron quizás en su movimiento político, en su partido, en sus familiares y amigos, y en ellos mismos. Nada más. Olvidándose de sus responsabilidades con el Estado, con el pueblo.
Para el caso, el exceso de vehículos de transporte público en Tegucigalpa y Comayagüela, principalmente de taxis, es producto de que allí durante años se han estado otorgando, “mordidas” de por medio, permisos sin control alguno. Este nefasto proceder alcanzó su clímax entre diciembre de 2009 y enero de 2010, tal como se reconoce cuando los proponentes de una nueva ley del transporte incluyen un artículo que prohíbe la renovación de permisos a quienes aprovecharon aquel festín.
Para colmo, las autoridades de transporte le asestaron un duro golpe al ya empobrecido bolsillo de los usuarios al permitir que las tarifas se elevaran de manera descomunal, mediante la introducción de los famosos “rapiditos” que al principio ofrecían buen servicio, con unidades limpias, con aire acondicionado, que no esperaban en las estaciones hasta llenar y que cumplían con las rutas establecidas. En estos momentos la mayoría de las unidades están deterioradas y sucias, con música estridente, llevan pasajeros parados, se detienen y hasta esperan en cualquier lado, el aire acondicionado ya no funciona y ni siquiera cumplen con el recorrido completo.
Por si eso fuera poco, la negligencia de la DGT ha permitido que más de mil “rapiditos” ilegales también inunden las ciudades gemelas. La excusa para no actuar es que las leyes son muy laxas como si estas no establecieran clara, indubitablemente, que nadie del sector puede trabajar sin un permiso de operación.
Depurar, sanear, limpiar, tornar eficiente a la Dirección General de Transporte es uno de los muchos retos que enfrenta el actual gobierno si es que de verdad quiere marcar alguna diferencia real con respecto a sus antecesores.
