Detalles ideales
Como el resto de las actividades criminales, incluyendo los homicidios, las extorsiones de pequeños comerciantes y transportistas continúan a la orden del día, principalmente en San Pedro Sula y la capital hondureña.
Los profusos anuncios, amenazas y promesas que brotan, a veces con espectacularidad, desde los altos círculos del poder en cuando a proyectos, acciones y efectividad en la lucha contra la delincuencia –con todo y el control total de la información por parte de la Secretaría de Seguridad— no logran todavía el resultado anhelado por la inmensa mayoría de los hondureños.
Para el caso, el cobro del “impuesto de guerra” y los ataques contra quienes se resisten a pagarlo continúan con el mismo ímpetu, como lo demuestra el hecho de que en lo que va de 2014, 68 trabajadores del sector transporte han sido asesinados, 13 de ellos solo en el pasado mes de julio. Además, ocho unidades han sido quemadas a nivel nacional y 3,200 operadores han abandonado su trabajo por temor.
En Tegucigalpa y Comayagüela –que solo son superadas por San Pedro Sula en los índices de criminalidad--, los transportistas están desesperados por la acción de los extorsionadores que les cobran cantidades millonarias, y para mantenerlos aterrorizados con frecuencia asesinan a taxistas, buseros, cobradores o despachadores.
Lo más reciente fue que el pasado sábado fue encontrado el cadáver de Justo Román Irías (66 años), conductor de un rapidito de la ruta Reparto por Bajo-Los Profesores, quien un día antes había sido secuestrado por hombres armados; los perpetradores desfiguraron su rostro y le cortaron sus dos manos.
Ante el dantesco hecho los empresarios del sector anunciaron una paralización de actividades para ayer como una medida de protesta y de presionar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad para que hagan algo concreto para desbaratar las bandas que siguen extorsionando a los buseros y taxistas de puntos. Se dice incluso que en vez de disminuir su actividad en los últimos meses han incrementado las cuotas que las víctimas deben pagar.
Tras una reunión con las autoridades de Seguridad, en la que recibieron nuevas promesas de que les brindarán seguridad, los empresarios suspendieron a última hora el martes la anunciada protesta.
“Se suspende el paro porque se llegó a un acuerdo con las autoridades de Fusina… ellos se comprometieron a darle seguridad a la población y a los operadores de todos los sistemas de transporte”, dijo Marvin Galo, presidente del Sindicato de Transporte Urbano (STU).
