Si hasta la propia titular del Tribunal Superior de Cuentas está “cansada, hastiada” de ver el efectivo escudo protector de que disfrutan los corruptos en Honduras, obviamente el hartazgo es mayor en una población que sufre ante las carencias exacerbadas por el saqueo y por la delincuencia en general que tiene en la impunidad de los poderosos su principal aliciente.
El caso que ha sacado de sus casillas a la abogada nacionalista Daysi de Anchecta es la resolución de la Corte de Apelaciones a favor del exministro de Soptravi, el liberal Rosario “Saro” Bonano, quien estaba acusado por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
En esta ocasión -después de que un juzgado de primera instancia sí encontró indicios para enjuiciar al exministro- se recurrió al estribillo del error de procedimiento utilizado por otros corruptos ricos e influyentes que en su burla a la justicia también les gusta presentarse como víctimas de “persecución política”.
Pero aquí ni la corrupción ni la impunidad son exclusivas de los políticos, como lo demuestra el hecho de que en la misma semana pasada fue ascendido -con la aprobación del Congreso Nacional de la República- un oficial que estaba vinculado a una de las más estruendosas vergüenzas de las Fuerzas Armadas: el robo de una avioneta en una base militar.
Y quizás la abogada Anchecta tiene razón al responsabilizar al Poder Judicial del fiasco con respecto al exministro Bonano; ya la Policía Nacional también ha expuesto parte de sus propias miasmas. Obviamente, el Ministerio Público tampoco está exento de displicencias, ineptitudes y corrupciones.
Pero tampoco el Tribunal Superior de Cuentas ni el Consejo Nacional están cumpliendo a cabalidad con los objetivos para los que fueron creados. Todavía carecemos de policías, de jueces, de fiscales, de magistrados, de comisionados y hasta de carceleros que luchen de forma eficiente, honesta e imparcial en contra de los delincuentes -incluyendo a los corruptos- y contra la impunidad.
Cada vez queda más claro que se necesita con urgencia esa profunda depuración que hemos estado exigiendo para la Policía Nacional; ese “remezón” que pide la abogada Anchecta para “los juzgados de la República”; pero también debe extenderse al Ministerio Público, a los centros penales, a los ministerios, instituciones, direcciones, empresas estatales…
