La caída de Lugo

Aunque se siguió un proceso establecido en la Constitución de Paraguay y fue aceptado como válido por el propio ahora ex Mandatario, el carácter de sumarísimo (solo duró unas cuantas horas), la debilidad de los casos por los que fue acusado y la falta de oportunidades para la defensa, hacen de la destitución del presidente Fernando Lugo, otro ejemplo de que en Latinoamérica la democracia no está tan fuerte como a veces se pregona.

Y es que la región latinoamericana, después de las dictaduras militares proestadounidenses, ha intentado construir un verdadero sistema democrático en el que de verdad sean las grandes mayorías las que tomen la decisión en las urnas y que esa decisión sea respectada.

En el caso de Lugo, como ha ocurrido también en otros países, se trataba de un mandatario ajeno a los tradicionales grupos de poder político y económico que mantuvieron el control de esa nación sudamericana, independientemente de si los gobernantes eran civiles o militares.
Cuando llegó al poder en 2008, le puso fin a seis décadas de gobiernos del Partido Colorado, el del dictador Alfredo Stroessner.

Y lo hizo con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), de la que era miembro el también tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenece quien ahora lo ha sustituido: Federico Franco. O sea que la caída de Lugo, en la práctica representa la recuperación del poder por parte de los grupos que tradicionalmente han gobernado Paraguay.

Por supuesto, las votaciones prácticamente unánimes para decidir el juicio político y para destituirlo, ponen también de manifiesto la incapacidad de Lugo para hacerse de aliados permanentes en el Congreso. Y es que aunque fuera electo por la mayoría de los paraguayos, la cuestión es que la Constitución otorga poderes al Legislativo que la acercan a una democracia parlamentaria.

Más allá de las dificultades temporales que podría enfrentar el nuevo presidente paraguayo ante la falta de apoyo y hasta el desconocimiento como gobierno legítimo, el punto es que en este caso es obvio que el tradicional poder político y económico aprovechó la coyuntura, forzándola por cierto, para deshacerse de quien, por voluntad popular, estaba ocupando su lugar, pero lo hizo con base en lo establecido en su Constitución.

Esperemos que, al final, estos traspiés contribuyan a que los países latinoamericanos creen mejores mecanismos para fortalecer la democracia y que la voluntad de los electores sea respetada de forma absoluta.