Aunque debe reconocerse la oportuna rectificación presidencial, el intento de duplicar los cobros aeroportuarios, que ya habían sido aprobados por el Congreso Nacional, es otra muestra de la forma irresponsable en que desde los poderes del Estado se manejan los asuntos públicos.
Si bien se trataba de un contrato, convertido en decreto en el Poder Ejecutivo donde obviamente no fue bien analizado ni mucho menos bien negociado, la velocidad de rayo en que fue probado y hasta la hora en que fue introducido al seno del Legislativo, es una demostración clara de que se mantienen intactos los vicios del pasado en nuestra clase política.
En ese sentido, las justificaciones de algunos diputados, después de la rectificación presidencial, de que aprobaron el contrato porque presumían que ya había sido estudiado a profundidad en el Ejecutivo o que las alzas de las tasas presupuestarias iban a compensarse con un eventual abaratamiento de los boletos aéreos una vez que empezara a funcionar Palmerola como aeropuerto civil, no son más que vanos intentos por evadir su responsabilidad y su ciego apego a las directrices del grupo que controla el Congreso Nacional y Casa Presidencial.
Ni el creciente deterioro de la imagen de los políticos ni el desastre de 2009 ni la actual crisis socioeconómica ni la mayor fragmentación que se anuncia con la lluvia de precandidaturas son suficientes para que la actual clase gobernante cambie de conducta frente al pueblo y sus grandes intereses.
La necesidad de un nuevo aeropuerto internacional para la zona central del país –un asunto que se viene discutiendo desde hace varias décadas– tampoco debe empujar al Estado hondureño a asumir responsabilidades de las que rehuía cuando se optó por la concesión, con el agravante que ahora sería solo para beneficio de una empresa privada.
Si bien Honduras está comprometida contractualmente a permitir que solo la empresa concesionaria haga negocios con los aeropuertos nacionales, la misma está obligada a realizar las inversiones requeridas. Si InterAirports es incapaz de cumplir con su compromiso, el actual contrato, si no fue aprobado de forma amañada, debiera estipular otras opciones distintas a sacrificar a los usuarios o los fondos públicos.
Pero la clave está en que los políticos, desde los tres poderes del Estado, cumplan mejor con sus propias responsabilidades. El Ejecutivo debe analizar y consensuar más sus decisiones; pero cuando corresponda al Legislativo aprobarlas, los diputados deben revisar todo minuciosamente, sin caer en las tradicionales trampas de madrugada ni en la obediencia ciega.
