El actual gobierno, por iniciativa de los organismos financieros internacionales, inició en este año una etapa de evaluación de algunos institutos públicos que manejan fondos para la jubilación de sus asociados, sobre todo aquellos que vienen arrastrando situaciones administrativas y financieras que los tienen en emergencia.
El Inprema es el que está en estos momentos con una Junta Interventora, a la cual se le acaba de ampliar el plazo para sus funciones. No sabemos a ciencia cierta el porqué de la demora. Los medios y las audiencias en el Congreso no son claras. Escuchamos informes de descalabros financieros, de edificios con precios sobre lo normal; pero nada en concreto. Más parecen informes de juzgados -con acusaciones de dirigentes magisteriales y demás- que informes técnicos y proposititos.
Se debe tomar este tema con más seriedad por el daño que se hace a los modelos de jubilación, los cuales tienen una finalidad social básica en cualquier modelo económico y que fue desviada por culpa de todos los sectores, incluyendo el que maneja la intervención.
El Inprema ocupa una reforma rápida, iniciando por su gobierno de administración o corporativo; es decir, la integración de este debe ser con representantes de los sectores actuales que sean conocedores del tema, sin antecedentes y sin conflictos de intereses; con plena responsabilidad en la toma de decisiones.
El proceso de selección de su director debe despolitizarse y hacerse por concurso amplio; el campo financiero deberá tener una ruta gradual, y en base a los hallazgos encontrados y con la visión clara de poder mantener los beneficios comprometidos con los ya afiliados.
Esperemos que los estudios actuariales de los técnicos de la CNBS, revisados por profesionales internacionales de esa misma materia y con experiencia en estos análisis, arrojen información, aunque no se descarta que suban las aportaciones y edad de jubilación.
Un tema de fondo que deberá analizarse es la conveniencia de crear una superintendencia especializada de fondos de pensiones. En la actualidad, el papel de la CNBS es de recomendación. Debe existir un órgano que vigile en forma técnica y legal cómo se invierten los recursos de jubilación.
Además, ya es el momento de que en forma seria se trabaje en un borrador de ley que permita al sector privado ofrecer el manejo de fondos privados de carácter obligatorio. En la actualidad hay una gran parte de la población económica activa que aporta al IHSS y se promedia un valor de jubilación que no llega ni a los setenta dólares. Este escenario es preocupante.
En todo el continente desde la década del 80, y bajo el modelo chileno, se han desarrollado reformas que están dando respuestas bastantes mejores, con fallas, pero mucho más completas e integrales, sobre todo en convivencia con los modelos anteriores, en forma competitiva, complementarias, transparentes, con supervisión especializada.
El Salvador y República Dominicana han convertido este tema en una fortaleza de competitividad. Estos fondos que se rigen por el ahorro individual y en base de aportaciones de por arriba del 10% del salario generan una pensión digna, crean un ahorro interno a largo plazo, tan necesario en nuestra economía para invertir en agricultura, energía, turismo, vivienda y otros.
Bajo una ley especial, años atrás iniciaron a funcionar administradoras de fondos de pensiones privadas, para aportes voluntariamente; algunos de estos por diferente índole tuvieron que cerrar sus operaciones, pero la mayoría de sus afiliados pasaron a otros fondos. En la actualidad funciona la AFP Atlántida, la cual en forma consistente y seria lleva más de 40,000 afiliados y maneja reservas de grandes cantidades de millones de forma rentable y supervisada; así mismo hay intereses de otros grupos de incursionar en el tema.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social es, constitucionalmente, la llamada a hacer la propuesta de reforma en la materia. Sabemos de la intención de su titular y esperamos que en forma técnica y legal pueda en unión de patrones y trabajadores buscar el mejor modelo, donde participen los actuales institutos, saneados, con mejor administración y supervisión y un sector privado especializado, donde se dé un universo de coberturas claras, beneficios transparentes, seguridad y que avancemos en unos de los pilares fundamentales de desarrollo social y económico.
