Una figura benigna, los sindicatos, surgidos del industrialismo de los siglos XVIII y XIX en Europa, han contribuido de manera significativa en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ya sea a través de la lucha económica o por la lucha social y política.
En el caso de Honduras, los sindicatos jugaron un papel importante en la creación de una legislación laboral, cuya expresión mayor es la aprobación del Código de Trabajo en 1959, con lo cual se reconocía el derecho de los trabajadores a la organización, contratación colectiva, jornada laboral de 8 horas y otros derechos que regulan las relaciones entre los empresarios y trabajadores.
Después de varias décadas, los sindicatos muestran signos de profunda debilidad: aunque en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS), hay registradas alrededor de unas 500 organizaciones, muchas de ellas en la práctica han desaparecido, las asambleas convocadas por la dirigencia obrera, en algunos casos no representan ni el 10% por ciento de los afiliados; algunas organizaciones sobreviven gracias a la generosa cuota establecida por el decreto 30, emitido por el gobierno de facto de Oswaldo López Arellano, luego del golpe de Estado de 1972, que obliga al pago de una cuota sindical a todos los trabajadores en las empresas e instituciones donde se firman contratos colectivos.
Lo que más debilita a la organización sindical en este momento es su descomposición interna, provocada por un estilo de dirección antidemocrática; con una dirigencia que se perpetúa en los cargos de dirección, luchas economicistas sin límites, ausencia de transparencia en el manejo del patrimonio sindical y falta de control interno y externo de los fondos, producto de las cuotas que pagan los trabajadores.
Reflejo de lo anterior, es lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Agrario (INA), ahí hay un escándalo que involucra a la dirección de esa institución en el pasado gobierno, pero más que eso, hay un tema de fondo y es que no se puede explicar cómo es que propiedades de la institución han sido otorgadas a los trabajadores por medio de la organización sindical, un patrimonio que está bajo la tutela del Estado, y de pronto se le asigna a una organización sindical, esto no es normal.
En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el sindicato se llamó a un silencio sepulcral ante los constantes actos de corrupción que se venían dando en la pasada administración, sospechando que el silencio era el pago a los jugosos aumentos salariales que se pactaban entre el patrono y la representación sindical; esto en una institución saqueada.
En la Alcaldía de San Pedro Sula, los dirigentes del sindicato están siendo investigados por actos de corrupción en el manejo de fondos del gobierno municipal y de fondos de la organización gremial; frente a esto se está dando una protesta de los trabajadores porque, a su juicio, se violentan derechos de carácter interno en las organizaciones sindicales, lo cual quiere decir que, en la percepción de algunos dirigentes, los sindicatos tienen autonomía, incluso, para violentar normas de carácter público que sancionan actos reñidos con la moral y la decencia.
Lo que estamos viendo en el sindicalismo hondureño no tiene nada que ver con la lucha histórica que libraron dirigentes obreros en el pasado, algunos de los cuales murieron en el camino por defender los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad.
Es ingrato que un puñado de dirigentes se aprovechen del prestigio del otrora pujante movimiento sindical para sacarle ventaja personal; algo tienen que hacer los trabajadores para rescatar de manos de oportunistas la dirección de los sindicatos.
