Las protestas, tanto de la sociedad civil hondureña como de los poderes judiciales de países centroamericanos que se han solidarizado con los magistrados ilegal y arbitrariamente destituidos, van aumentando con el paso de los días, comprendiendo que se ha vulnerado abiertamente el estado de Derecho y debilitado aún más la frágil institucionalidad.
La comunidad internacional, lejos de pasar desapercibida esta acción autoritaria que termina de romper el precario equilibrio entre los poderes, ha tomado nota de ella y también solicita el reintegro de los cuatro altos jueces defenestrados, los que se reservan el derecho de entablar demanda ante instancias tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo indica que la real y verdadera motivación para esa defenestración tiene una evidente connotación política: impedir que Ricardo Álvarez presentará recurso de amparo al considerar que ocurrió la manipulación y adulteración de actas electorales al momento del cómputo de los resultados obtenidos por su corriente al interior del Partido Nacional, por lo que, para impedir la posibilidad que dicho recurso prosperara, se procedió a la separación de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, lo que a su vez significó un acto intimidatorio contra el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Lobo ha afirmado que debe incrementarse la recíproca colaboración y consultas entre los tres poderes estatales, iniciativa positiva y que siempre debe ser respaldada; previo a ello, debe llegarse, a la brevedad, a una honrosa rectificación jurídica: la restitución en sus cargos de los cuatro magistrados removidos, con lo que se retornara al indispensable equilibrio, hoy roto, lo que lejos de debilitar al presidente del Legislativo, puede significarle el reconocimiento ciudadano al concluir que cometió un gravísimo error pero que encontró la suficiente sabiduría y voluntad para admitirlo y corregirlo.
Si por el contrario, se persiste en presentar este golpe técnico como un hecho consumado, irreversible, el descontento e indignación ciudadanas crecerán rápidamente, poniendo en mayor precario la indispensable estabilidad y convivencia pacífica, particularmente de cara al 2013 que será un año de intensa actividad proselitista, en que las exaltaciones partidarias deben dar paso a la civilidad y a la cordura.
