Opinión

Guatemala: delgada línea entre protección y represión

'Vinieron unos enmascarados a amenazarnos. Tergiversaron una información y nos querían ‘quemar’ a todos', narró Enrique Boj, activista del municipio de San Juan Sacatepéquez, a solo 31 kilómetros de la capital guatemalteca.

Boj dijo que el grupo se acercó en marzo pasado a su oficina para inmiscuirse en asuntos internos de la organización no gubernamental donde trabaja, que es la Asociación de Desarrollo Comunitario de Sajcavillá, dedicada a la promoción de proyectos de agua potable, drenajes y otros.

'Algunos malos asociados que no estaban de acuerdo con el desarrollo que hemos llevado de la institución pidieron ayuda a este grupo para escarmentarnos. Querían ‘quemar’ (agredir) a la junta directiva, nos insultaron y quebraron vidrios de nuestro edificio', lamentó.

Con esta y otras amenazas han tenido que lidiar los pobladores de la localidad desde hace cuatro años.

Armados de pistolas, machetes, palos y piedras, pobladores de San Juan Sacatepéquez salen a patrullar por las noches con el rostro cubierto para autoprotegerse de la delincuencia.

En Guatemala funcionan al menos 300 Juntas Locales de Seguridad, conformadas por vecinos, cuya misión es 'facilitar la participación ciudadana y proporcionar apoyo para lograr confianza y acercamiento entre la Policía Nacional Civil y la ciudadanía', según el Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interna del país. Sin embargo, los objetivos por los cuales fueron creadas en 1999 se han desviado, al punto que hoy miembros de estos grupos han sido arrestados, inculpados de cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, allanamientos ilegales y torturas.

'El objetivo primordial era el cuidado de la zona en horas de la noche, pero en nuestra comunidad abusaron de esa autoridad y eso no lo vemos con buenos ojos. Se han metido a solucionar otros asuntos incluso familiares, de límites de terrenos, apertura de calles, etcétera', dijo Boj.

Abundan los casos como este, de abusos de las Juntas Locales de Seguridad o grupos de vecinos que se reúnen para supuestamente protegerse de la delincuencia.

Dos exmiembros de la Junta Local de Seguridad de la noroccidental Panajachel, la segunda ciudad turística del país, fueron arrestados el pasado 31 de octubre por la Policía, acusados de la desaparición de Luis Gilberto Tián, ocurrida el 4 de ese mes.

Según vecinos, Tián fue increpado por los miembros de la junta, lo que dio pie a una discusión tras la cual no se supo más de él.

'Andar solo en la calle daba miedo y no se podía ni salir', relató Néstor Buc, de la asociación de microbuses y taxis San Francisco de Panajachel, luego de que la Junta Local de Seguridad menguara su accionar tras las capturas.

Buc reconoce que la necesidad de estos grupos surge por la delincuencia imperante y la ineficiencia de la Policía Nacional Civil.

'Las juntas deberían continuar, pero con nuevas reglas, porque en un principio, si había un escándalo en la vía pública, ellos se dedicaban a arreglarlo, pero después pasaron a provocarlos', denunció.

La población tiene claro, además, que la autoridad la debe tener la Policía, 'aunque algunos elementos no llegan a trabajar a conciencia', matizó.