Opinión

Fragilidad democrática

La democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentado en el pueblo. Es precisamente el pueblo el que por medio de elecciones elige las principales autoridades del país. Asimismo, es el pueblo quien tiene el derecho de cambiar dichas autoridades mediante su voto en las siguientes elecciones que se celebren. Hoy en día la mayoría de los sistemas democráticos funcionan por medio de lo que se denomina democracia representativa, donde el pueblo por medio de votación popular escoge las autoridades que representarán a la ciudadanía en la toma de decisiones. Pero esta representación debe ser genuina y las autoridades electas deben gobernar a favor de las mayorías, con respeto al derecho de las minorías y buscando el bien común.

Es universalmente reconocido que para que la democracia funcione debe existir una separación entre los distintos poderes del Estado, siendo esta uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Cada uno de los poderes debe ser independiente como un mecanismo de control constante de un poder sobre el otro, en un sistema de pesos y contrapesos que evita que se produzcan decisiones arbitrarias o ilegales en contra de la misma ciudadanía o que uno de los poderes del Estado quiera acaparar todo el poder para sí mismo, cegado por ambiciones desmedidas.

Nuestra actual Constitución de la República en forma sabia establece en su artículo 4 que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.

Entre las principales atribuciones asignadas al Poder Legislativo en el artículo 205 de dicha Constitución se pueden mencionar: crear, interpretar, reformar y derogar las leyes; aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial; interpelar a los secretarios de Estado y a otros funcionarios del sector público. Por su parte, el Poder Ejecutivo, por medio del Presidente de la República, tiene la responsabilidad de la administración general del Estado y el Poder Judicial tiene la potestad de impartir justicia.

Otro de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión, para lo cual se necesita que exista una prensa que pueda transmitir libremente a la ciudadanía la información transparente de los hechos. Solo en países de corte totalitario se trata de amordazar la libertad de expresión para servir a intereses que no necesariamente son de beneficio para las grandes mayorías de la población. Claramente nuestra Constitución en su artículo 72 establece que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”.

Muchas personas consideran erróneamente que democracia consiste únicamente en el hecho de celebrar elecciones periódicamente para elegir las autoridades de un país. Para que las elecciones cumplan su función dentro de un Estado democrático se necesita que sean libres, transparentes y sin ventajismos de ninguna clase para alguno o algunos de los candidatos. Solo de esta forma se puede garantizar que los candidatos seleccionados sean efectivamente aquellos que el pueblo ha escogido para que dirijan los destinos del país, ejerciendo su representación del pueblo en forma honesta y transparente.

Los hechos suscitados recientemente, que culminaron con la destitución evidentemente inconstitucional de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sumen nuevamente al país en una situación de incertidumbre y solo vienen a agravar los serios problemas que estamos atravesando como ser los de índole fiscal, altos niveles de inseguridad física y jurídica, alto desempleo, inequidad y pobreza, corrupción y crecimiento económico insuficiente.

Los hondureños debemos unirnos para defender nuestra democracia y promover los cambios estructurales que nos conduzcan al crecimiento económico sostenido con equidad. Para ello se necesita crear riqueza, tener un aparato público eficiente, fortalecer las instituciones y el respeto a la Constitución y la ley, combatir la corrupción y la impunidad, en tal forma de crear el marco adecuado para promover la inversión productiva. Solo unidos podemos promover los cambios.

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