¿Cómo estará tu día?
La corrupción y abuso de poder denunciados por EL HERALDO ha provocado una correcta decisión de las nuevas autoridades del INA.
Se ha pedido al Instituto de la Propiedad (IP) retirar los expedientes relacionados con el festín de terrenos regalados a sindicalistas y a la cúpula del izquierdista partido Unificación Democrática, encabezada por César Ham. Todo esto está muy bien, pero todavía falta la acción del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas.
A lo anterior hay que sumar, por supuesto, lo que se refiere a los cien tractores donados por el gobierno de Hugo Chávez que, según las actuales autoridades del INA, tampoco se encuentran a disposición de los campesinos, como era su propósito, y que algunos de ellos están en manos de particulares o despedazados, después de que el anterior director César Ham decidió que en vez de una comisión fuera la institución la que tuviera el control de tan valioso equipo.
O sea que solo lo que ha trascendido sobre lo ocurrido en el INA en el gobierno anterior da pie para que, tanto la Fiscalía como el TSC emprendan acciones concretas para investigar los casos denunciados y los que aún pudieran estar en la opacidad, como para castigar a quienes resulten implicados.
También hay muchas otras instituciones estatales en las que urge que los organismos investigadores y contralores demuestren su efectividad.
En el caso de los terrenos del INA en Yaguacire, repartidos como piñata a sindicalistas y a exfuncionarios, la segunda parte en los estertores de la anterior administración, y la denuncia de que el sindicato de la institución posee grandes extensiones de tierra en diversos sectores del país, como si fueran beneficiarios de la reforma agraria, y que cada uno de sus dirigentes ya tiene un predio documentado a su favor, son ejemplos que se suman a los múltiples ya existentes sobre la forma corrupta en que los políticos y los sindicalistas abusan de los bienes públicos.
La forma en que los organismos investigadores y contralores traten este asunto será un termómetro para medir qué tan comprometidos están quienes los dirigen para incorporarse a una auténtica lucha por el adecentamiento en la administración pública, y para ponerle fin a la impunidad de que disfrutan hasta ahora en Honduras los delincuentes de toda laya.
