Tanta desconfianza, duda, incertidumbre, conjetura, incredulidad, escepticismo y reparo que le llueven (diluvian) al gobernante de la República cada hora desde los confines todos del país han de generarle tal estrés, que hasta 1960 los médicos llamaban elegantemente surmenage, que empieza a notársele ya en la premura de gestos, en cierto rictus involuntario de los labios al hacer y decir y que sin duda ha de estarle consumiendo valiosas energías que podría dedicar al afán de gobierno, al bienestar patrio y la conciliación. Excepto que es tan voluminoso el hecho delictivo en el IHSS, y tan cercanos sus colaboradores aparentemente implicados, que con derecho absoluto tiene causa el pueblo para recelar. La boñiga corrupta del desfalco y robo parece ser tan abundante y hedionda que asciende a los más altos grados políticos, contaminándolos con sospecha y decepción.
Pero eso es facilísimo de solucionar, más fácil que canta un gallo, no precisamente el de San Pedro, que nadie oyó excepto la mente del apóstol, y de allí que, como ciudadanos, estemos obligados a proveer al mandatario ideas con que sanear su honor y disipar las terribles acusaciones que acosan su alma. Solucionar tal chonguengue es sencillo.
Ya que el orbe entero duda de la honorabilidad del caballero Presidente, este tiene la absoluta facultad para convocar a un acto de fe, rito de justicia pública comprobatoria, mediante la formación de una comisión ad hoc que expresamente autorizada investigue, dictamine, informe y rinda juicio categórico en veinte días sobre la condición ética y moral del gobernante y sus adláteres, puesta en ascuas hoy...
En 1975, premonitorios y cíclicos 40 años, hubo un caso comparativamente similar. El 3 de febrero el presidente de United Brands, Eli Black, abrió la ventana de su despacho en el piso 44 del edificio Pan-Am de Nueva York y se lanzó al vacío. Había sido informado de que la Comisión Nacional de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) había descubierto, e iba a denunciar, un soborno que por US$ 2.5 millones había pagado a funcionarios del gobierno de Honduras para que rebajaran un nuevo impuesto nacional a cada caja exportada de banano. La indignación y el escándalo sacudieron Honduras al conocerse la noticia y las Fuerzas Armadas obligaron al presidente Oswaldo López Arellano a integrar una comisión de notables para que dedujera la verdad o mentira del asunto.
El designado presidente de la misma, rector Jorge Arturo Reina, exigió siempre que la comisión fuera autónoma y con plenos poderes, incluyendo el de interrogar a ministros y jefe de Estado; que fuera inmune y que solo informaría de sus hallazgos directamente al pueblo de Honduras. El gobierno aceptó y la comisión quedó integrada, además de Reina, con monseñor Héctor E. Santos; el secretario de la CTH, Andrés Artiles; el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, César Sierra; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Aguiluz, el procurador de la República, Serapio Hernández, y el presidente del entonces todavía respetado Cohep, Camilo Rivera Girón.
López Arellano y su ministro de Economía, Abraham Bennaton, no quisieron autorizar la investigación de sus cuentas bancarias en Suiza por lo que, con otros análisis, se determinó que eran los recipientes del soborno. El Presidente fue sustituido el 22 de abril y Bennaton fue a la cárcel, de la que salió pronto tras pagar una fianza de L 1,600.00. Posteriormente fue indultado.
Juanito tiene la oportunidad entonces, y sin esperar a la CICIH, de librarse de sospechas permitiendo que el movimiento de “indignados” y la oposición política generen una comisión similar y con similares potestades, de modo que se le abran por fin las puertas de la historia y rescate su extraviada paz espiritual. Como ha afirmado repetidamente, con ello haría lo que realmente tiene que hacer y el pueblo sería muy feliz.
