Al suspender el gobierno las operaciones para rescatar a los ocho compatriotas que quedaron atrapados el pasado miércoles en una mina artesanal en el cerro de San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, se confirma el saldo trágico de un hecho que se suma a las muchas desgracias, carencias y problemas que son fruto del caos, de la falta de planificación, en que sobrevivimos.
El pretender escudarse en el desconocimiento del riesgo que allí existía y existe tampoco es válido. Era algo de público conocimiento. Es más, EL HERALDO, en mayo de 2011, publicó una serie de reportajes sobre el tema, en la que además de denunciar la contaminación en las fuentes de agua de la zona, también ponía al descubierto la terrible inseguridad en la que estos compatriotas realizaban sus rudimentarias labores de minería.
“Por las condiciones difíciles en las que trabajan, a estos excavadores tal vez nunca los van a llamar mineros porque no usan ninguna medida de protección como cascos, lentes, linternas, botas, polveras o rodilleras”, advertía uno de los reportajes.
De la misma forma en que hasta el miércoles 2 de julio, cientos de hondureños se ganaban la vida en las minas, explotadas ya en la época de la Colonia, —sin ninguna medida de seguridad, de prevención; sin conocimientos mínimos del oficio que desempeñaban, sin planificación, sin guía ni orientación de profesionales del ramo ni mucho menos inspección de autoridad alguna— también fueron construyendo túneles, horadando desordenadamente el cerro. Eso fue lo que provocó la tragedia y también la razón por la que se decidió suspender las operaciones de rescate ya que al no contar ni con mapas de los túneles, existe el riesgo de que más bien se produzcan más víctimas.
¿Qué hacer después de la tragedia? Lo primero, como ya se ha anunciado, es impedir la riesgosa actividad que realizan estos compatriotas tanto en el lugar del siniestro como en otras zonas del país donde se realiza. Pero eso debe ir acompañado por la búsqueda de soluciones a la falta de ingresos que sufren estos hondureños.
Al mismo tiempo, para solucionar el problema a largo plazo es necesario crear efectivos mecanismos de control y promover la organización de los mineros artesanales y ayudarles a que tengan acceso a la asistencia técnica y financiera necesaria, a fin de que el Estado sepa la cantidad y la clase de metales que se están extrayendo (recaudando los impuestos que en realidad le corresponden) y que las personas que laboran en esa actividad lo hagan de la forma más segura posible.
