Opinión

Educación, corrupción y politización

La compleja y cada vez más crítica realidad educativa nacional alcanza una mayor profundización en la crisis crónica que por décadas atraviesa la Secretaría de Educación con la destitución de once supervisores departamentales por parte del titular de esa cartera ministerial, afirmando que ha actuado amparado tanto por la Ley Fundamental de Educación como por el Estatuto del Docente, ya que los removidos no fueron seleccionados mediante concurso y desempeñan sus puestos con carácter interino. No solo los destituidos cuestionan esa decisión, acusando a Marlon Escoto de autoritarismo y arbitrariedad, también los diputados de la bancada del Partido Nacional, que les han ofrecido asistencia legal y cabildean con el titular del Ejecutivo para que desautorice a su subalterno y restituya en sus puestos a los hoy desplazados.

Adicionalmente, advirtieron que no apoyarán en el seno del Legislativo los proyectos de ley relativos a cargas tributarias adicionales a las ya existentes. La tradicional actitud de los distintos ministros que han llegado a la Secretaría de Educación ha sido la de dejar hacer y dejar pasar. Incluso algunos (as) de ellos (as) han estado vinculados con actos de corrupción, por acción u omisión.

Esa posición ha sido nefasta, ya que los problemas, lejos de solucionarse, han ido acumulándose y agravando con el transcurso del tiempo.

Los políticos, por su parte, se han inmiscuido sistemáticamente en el nombramiento de maestros y funcionarios del sistema educativo, aun cuando no reúnan los requisitos básicos para su desempeño, priorizando el activismo partidario y el clientelismo por sobre la capacidad y la ética.

Los supervisores departamentales han llegado a concentrar poder e influencia -dentro de su jurisdicción- más allá de lo permitido por la ley, lo que ha propiciado la comisión de actos arbitrarios y abusos de todo tipo, sin que exista la necesaria supervisión de sus actos. Así, la crisis educativa cada vez es más profunda y severa, impactando sobre la calidad de enseñanza recibida -de manera intermitente ante los frecuentes paros magisteriales- por el alumnado, en sus distintos niveles.

Honduras cada vez se encuentra con mayor desventaja en rendimiento académico, lo que se traduce en muy bajos niveles de productividad por parte de la fuerza de trabajo, cuando los retos del desarrollo y la competitividad crecen incesantemente, consolidando el subdesarrollo material y mental de nuestro país.

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