Vivistorio es una pequeña comunidad localizada a 16 kilómetros de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, y a unos 187 kilómetros de Tegucigalpa y 100 kilómetros de San Pedro Sula, los principales centros urbanos del país.
El nombre de la comunidad saltó a la luz pública el pasado 26 de octubre, tras el estallido de una cohetería clandestina que dejó dos muertos en la escena y ocho personas más, que fallecieron en el transcurso de los días en el Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa, hacia donde fueron trasladadas.
Esta tragedia es la más grave ocurrida en los últimos años, pero no la única.
Con el paso de tiempo nos hemos sorprendido con la muerte de muchas personas más que se dedican a esta actividad económica, que es una de las principales de la región occidental, la que se ejecuta sin ninguna regulación por parte de las autoridades competentes.
La tragedia de Vivistorio no debe pasar desapercibida, más bien debería ser un llamado de atención a las autoridades a volver los ojos a esa región del país, necesitada de empleos decentes, de apoyo a los niños, niñas y jóvenes, a todos sus pobladores, para que asuman acciones urgentes con un único fin: evitar la muerte de más ciudadanos que, por la falta de oportunidades, se ven obligados a ejecutar esta actividad sin las mínimas condiciones de seguridad.
Las ayudas puntuales que se hacen llegar, como en este caso, alivian el dolor de las familias pero no resuelven el problema.
Erradicar esta actividad no será fácil y así lo exponen quienes se dedican a la misma y que claman por ayuda para que se mejoren las condiciones de la industria de la pólvora, que les ayuden a profesionalizar su manejo. Sería un tributo a las vidas de José Renán, Yester, Orlin Adalid, José Miguel, Mario Alberto, Jesús, Cristian Ariel, Jaime Daniel y Mario, todos entre las edades de 16, 19 y 22 años, y de Luis Alonso, la última víctima, de 53 años de edad.
