¿Cómo estará tu día?
El asesinato de Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza Fúnez, ocurrido el sábado en la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, ha dejado estupefacta y perpleja a la sociedad hondureña por la frialdad con que actuaron los asesinos, la sincronización, la facilidad de actuación, las armas que portaban en el interior del reclusorio y, peor aún, en presencia del director del reclusorio que en ese momento hablaba con el reo, a quien supuestamente comunicaba nuevas disposiciones de seguridad.
Sorprende también la prontitud con la que se filtró a los medios de comunicación y las redes sociales el video que muestra el momento preciso del asesinato, la saña y la impunidad con la que actuaron los asesinos, y la inactividad de los agentes de seguridad y el resto de reclusos que se encontraban en la escena.
Si bien, horas antes, otro recluso fue asesinado en condiciones similares en otra cárcel de alta seguridad, el caso de Magdaleno es de alta relevancia ya que a este señor fue a quien se le decomisaron las narcolibretas que se presentaron en el reciente juicio contra Juan Antonio Hernández.
Esta es una de las razones que obliga al actual gobierno a ordenar una investigación profunda del vergonzoso hecho, ya que alrededor del mismo se han tejido infinidad de teorías y rumores, que deben ser aclarados.
El pueblo debe saber si había o no una solicitud de extradición del reo asesinado, si así era, ¿por qué no se había dado trámite a la misma? ¿Quién o quiénes estaban interesados en la muerte del reo? ¿Cómo ingresaron las armas al recinto? ¿Quién permitió el ingreso de las armas? ¿Habían militares en el interior de la cárcel al momento del crimen? ¿Cómo y para qué se difundió el video? ¿Estaban enviando un mensaje? ¿A quién le estaban mandando ese mensaje? ¿Están las autoridades de la cárcel coludidas con los asesinos? ¿Por qué las autoridades solo mostraron a la prensa a cuatro de los seis hombres que supuestamente participaron en el asesinato?
Hay que esperar que esas respuestas lleguen pronto, porque el Estado está obligado a dar las respuestas y, más allá, a proteger la vida de los reclusos.
