¿Cómo estará tu día?
Ha causado polémica el fallo de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción que favorece a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por el caso denominado “La caja chica de la dama”.
Recordemos que una investigación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) reveló la existencia de una red durante el gobierno nacionalista de “Pepe” Lobo que habría malversado, blanqueado y ocultado al menos 16 millones de lempiras destinados a obras sociales.
La ex primera dama, detenida al igual que su cuñado y un exasistente, fue acusada por nueve delitos de malversación de caudales, lavado de activos y asociación ilícita, último por el cual fue sobreseída. Sin embargo, la decisión de la Corte de Apelaciones de modificar los otros delitos, quedando sólo el de fraude, al considerar que la señora de Lobo no era funcionaria pública, ha desatado todo tipo de suspicacias.
La resolución no solo contraviene convenios internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino que la misma la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), además de desconocer la certificación del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), que acredita que cotizaba en ese ente de previsión social.
La sociedad entera está expectante sobre este caso de alto de impacto, inédito, porque nunca el brazo de la justicia se había alzado tan alto. Sin embargo, que se ciernan estos cuestionamientos sobre una instancia creada especialmente para luchar contra la corrupción resulta escandaloso y la pregunta que todos nos hacemos es ¿entonces en qué estamos?
En medio de todo, se presenta una coyuntura para sentar precedentes, esclarecer y definir sin dejar lagunas quién es funcionario público, y que lo que estamos viendo no se repita a futuro.
Sería vergonzoso que detrás de un fallo judicial existan otro tipo de intereses, en perjuicio de un pueblo harto sacrificado por la corrupción.
