La transparencia debería ser el eje transversal de los funcionarios que por razón de sus cargos están manejando los presupuestos destinados a la atención de la pandemia del covid-19, sin embargo, sigue siendo una de las tareas pendientes de todos aquellos que han tenido el privilegio de llegar a administrar las riendas del Estado. Porque no son pocos los funcionarios que creen que cuando les toca administrar los presupuestos públicos, estos pasan a formar parte de sus pecunios particulares y que por ello no deben rendir cuentas de su manejo al pueblo que los elijió.
Pero estas malas prácticas no deben seguir permitiéndose en el país y más con el manejo de los presupuestos para la atención de la emergencia de la pandemia del covid-19, y principalmente de las millonarias partidas destinadas a la compra de los hospitales móviles.
Se deben dar respuestas a todas y cada una de las preguntas que se han generado alrededor de esta compra. Porque tal y como lo ha planteado el analista y columnista de diario EL HERALDO Olban Valladares, el problema no es que se haya aprobado que las instituciones del Estado encargadas de adquirir los suministros para combatir la pandemia lo hagan de manera directa, pues ese es el procedimiento adecuado. “Lo malo es que no exista transparencia en la utilización de los recursos, principalmente en la manera en que se hacen las compras”.
Los funcionarios involucrados en este proceso deberían saber que el principio de la transparencia es uno de los pilares del buen gobierno y la buena administración, y que ello les obliga a transparentar todo el proceso alrededor de la compra de los hospitales móviles, entregando a quien compete todos y cada uno de los documentos que avalaron la misma.
No basta con una comparecencia vía Zoom ante el Congreso Nacional, se necesita que las investigaciones lleguen hasta el fondo y se castigue a quienes resulten responsables y que los funcionarios incorporen a su diario vivir el principio de la transparencia.
