La reciente publicación de un vídeo, donde la diputada oficialista Isis Cuéllar y el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, conversan sobre el manejo de millonarias subvenciones del Congreso Nacional, ha vuelto a colocar en el centro del debate público el uso indebido de estos fondos. Una vez más, emerge la preocupante realidad de cómo estas partidas presupuestarias, supuestamente destinadas a proyectos sociales, terminan desviándose para la financiación de campañas políticas.
La Red para la Defensa de la Democracia (RDD) ha denunciado por su parte que al menos 400 millones de lempiras en subvenciones legislativas han sido canalizados por la Sedesol sin la documentación probatoria adecuada ni evidencia de una ejecución eficiente y transparente. Esta preocupante situación resalta la ausencia de control y fiscalización en la asignación de estos recursos, violando flagrantemente el principio de legalidad, apuntaron.
Este escenario nos retrotrae inevitablemente al tristemente célebre “Caso Pandora”, considerado uno de los episodios de corrupción más emblemáticos y controvertidos en la historia reciente de Honduras. Aquella investigación, impulsada por la MACCIH y la UFERCO, que desveló un esquema de desvío de más de 282 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que debían ser para proyectos sociales, pero fueron drenados a través de dos fundaciones para financiar campañas políticas y sufragar gastos personales de los implicados.
Ante este nuevo escándalo, la presidenta Xiomara Castro ha anunciado una investigación sobre el caso de Sedesol, prometiendo ser “implacable” si se comprueban los actos de corrupción.
La aspiración popular, y la de una sociedad que anhela un país justo, es clara: que estas investigaciones sean verdaderamente imparciales y objetivas, y que este, como muchos casos más en Honduras, no quede impune.
