Esta semana es crucial tanto para que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto adicional que está solicitando el Consejo Nacional Electoral (CNE) para continuar con el desarrollo del calendario electoral y para que el organismo electoral comience el proceso de adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), entre otras actividades del calendario electoral.
Estas actividades no se han ejecutado hasta ahora por las divergencias surgidas alrededor de las solicitudes del CNE entre los diputados y las dirigencias de los partidos en contienda, principalmente los considerados de mayor volumen electoral, que debaten la viabilidad de las mismas, sin importarles que con sus posiciones minan la credibilidad y la transparencia del proceso electoral que debe concluir en noviembre, con la elección de los nuevos administradores del Estado.
El CNE ha advertido que las elecciones están en riesgo por la no aprobación del presupuesto y una ley especial que habilita las compras y contrataciones electorales y que “la falta de aprobación de las herramientas solicitadas para el correcto desenvolvimiento de las elecciones pone en precario el cronograma electoral” y que “de no atenderse de inmediato esta obligación, peligra llegarse a un punto de total desfase y sin retorno, por lo tanto, lesivo a la norma constitucional de realizar comicios el domingo 28 de noviembre próximo”.
Los dirigentes políticos y los diputados deberían estar conscientes de que con sus posiciones no abonan al fortalecimiento de la débil democracia hondureña y que ponen al país en la línea de una nueva conflictividad política y social igual o más grave que la del 2017, la que nos dejó más de 50 víctimas mortales, la paralización casi total de la economía y una sociedad altamente polarizada. Es tiempo entonces de reflexionar y actuar en consonancia con los intereses del pueblo que dicen representar y que clama por elecciones honestas y transparentes, en las que se respete su voluntad expresada en las urnas.
