El nuevo canciller hondureño, Lisandro Rosales, ha asumido recientemente el cargo y anunciado con bombos y platillos una evaluación de al menos 160 empleados del servicio exterior.
La orden es evaluar el funcionamiento de 31 misiones diplomáticas y consulares alrededor del mundo y medir los resultados que han tenido en función de los objetivos de país, tales como el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados amigos y el posicionamiento del país dentro de los diferentes espacios del diálogo político a nivel global, continental y regional.
El anuncio de Rosales se ve con buenos ojos siempre y cuando también tenga como propósito sentar los correctivos que sean necesarios en una de las áreas del Estado que, en los últimos años, se ha visto golpeada y disminuida por la politización de quienes llegan al poder a desmontar las estructuras que tenían sus antecesores para “enchambar” a sus allegados.
Con el paso del tiempo, Honduras logró conformar un cuerpo diplomático “de altos quilates”, que supo entender su función y defender los intereses patrios, pero se sabe que muchos de ellos han sido relegados por no ser parte del gobierno de turno y traídos a Tegucigalpa a ocupar puestos en los que hacen nada o casi nada, pero devengan por igual sus salarios.
Estas malas prácticas deben concluir.
Honduras enfrenta tiempos difíciles, principalmente en los temas migratorios, por lo que se necesita que los mejores hombres y mujeres en el campo de la diplomacia asuman la responsabilidad de coordinar y dirigir las políticas para proteger a esa población que huye del país que no les ha dado la oportunidad de tener lo básico, y un poco más, para dar a los suyos, una vida digna.
El reto de Rosales es grande: está obligado a llevar adelante la reingeniería anunciada teniendo como meta el fortalecimiento del servicio diplomático y consular de carrera.
