Aunque la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario establece tres categorías, empezando por presidentes y expresidentes de la República, hasta jueces con competencia territorial nacional, lo cierto es que su cumplimiento no se apega a lo establecido en el marco jurídico.
La ley también señala que cuentan con protección especial aquellos “funcionarios de los diferentes entes del Estado, cuyas decisiones o actuaciones el ejercicio de sus funciones (sic), los coloquen en una situación de riesgo extraordinario y extremo contra su integridad física, previo a su respectivo análisis de riesgo”.
Pareciera pues que la inseguridad, que en Honduras está extendida, basta para que demasiados funcionarios y exfuncionarios se sientan amenazados, como se siente la mayoría de los hondureños en un país tan violento como el nuestro, y gocen de una protección que la paga el pueblo.
Y es que hay una prostitución con esa medida de dar seguridad. Cualquier funcionario anda rodeado de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional o Militar, pero no solo él, sino que también toda su parentela.
Van a dejar a los niños a la escuela, van al supermercado, la señora va al salón, al cine, al café, a los restaurantes, con un nutrido grupo de policías y soldados que cargan sus bolsas y hacen los mandados.
Son criados. Hasta exfuncionarios se han quedado con la seguridad personal sin que hayan razones válidas para ello en el marco de las funciones que desempeñaron.
Estos uniformados deberían estar en los barrios y colonias, dando seguridad a la población que vive acechada por la delincuencia común y organizada.
En un país tan pobre como el nuestro, con tantos problemas sociales, es un insulto que se sigan cometiendo este tipo de abusos que solo vienen a marcar aún más la desigualdad y la exclusión con una “élite” que no necesita, amerita, ni merece este tipo de seguridad más que cualquier otro hondureño común y corriente que bien se las arregla como puede.
