Son muchos los maestros que han denunciado que las autoridades de Educación no están respetando los resultados del Concurso Docente realizado el año pasado.
Resulta que los resultados de esas pruebas fueron bastante controvertidos. Solo 2,000 de los 22,000 docentes que se sometieron a la misma alcanzaron el puntaje mínimo requerido para optar a una plaza en el sistema público de enseñanza.
En su momento, se debatió ampliamente el porqué de la reprobación masiva, pero se dejó claro que se respetarían los resultados a quienes sí pasaron la prueba y que a ellos les otorgarían las plazas a las que optaban.
Pero según las denuncias, con el paso del tiempo eso no ha sucedido, ya que algunos dirigentes políticos volvieron a meter sus manos en el proceso y están nombrando a sus activistas (sin importar el daño que con ello hacen a la educación), en detrimento de quienes ocuparon los primeros puestos en el Concurso Docente.
¿Por qué será que en el país no podemos hacer las cosas correctamente? ¿Qué tan difícil es cumplir con las leyes?
La transparencia en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento irrestricto de las leyes debe ser el fin de todos los que llegan a ejercer un cargo público.
Ya es tiempo de ir dejando de lado las malas prácticas y asegurar a la ciudadanía que todo lo que se haga será lo correcto.
La transparencia debe prevalecer en este y en todos los procesos de la administración pública.
Queda confiar que las palabras del ministro de Educación, Arnaldo Bueso, quien ha dicho que “el Concurso finalizará de manera transparente y los nombramientos de docentes se harán con base en ley”, se cumplirán, y que de no ser así, los docentes afectados harán uso de los recursos que la misma ley establece para hacer valer sus derechos.
Hay que poner un alto al manoseo de los políticos en las actividades del quehacer público y a la corrupción.
