Editorial

Ley contra los desplazamientos

El desplazamiento forzado, que según la CIDH supone una “violación múltiple a los derechos humanos”, es otra de las formas de violencia que hay en nuestro país y que urge de respuestas eficaces.

En el decenio 2004-2014, alrededor de 174 mil personas fueron desplazadas a nivel nacional, revela un informe de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV). De ellos, unos 74,000 pertenecían al Distrito Central, según el Ciprodeh, que estima que a la fecha el porcentaje se ha triplicado debido a la extorsión y al reclutamiento forzoso por parte de bandas criminales. Son hondureños que con esfuerzo adquirieron su casa y luego debieron abandonarla ante la amenaza de maras y pandillas. Víctimas que se vieron obligadas a cambiar de barrio o ciudad, y hasta de país, para salvar su vida.

Es evidente que Honduras precisa de una ley sobre el desplazamiento forzado y para el primer trimestre del 2017 se espera que sea presentado un anteproyecto ante el Congreso Nacional, como parte de una serie de acciones para combatir esta problemática.

Resulta grotesco imaginar que hay viviendas abandonadas por sus propietarios a disposición de grupos criminales para cometer toda clase de delitos, sin que la autoridad las haya siquiera detectado, en parte debido a la falta de denuncia de pobladores silenciados por el miedo, en colonias que permanecen sitiadas por estos malvivientes. Para nadie es un secreto la existencia de estos feudos del crimen. Y mientras los desplazados luchan por rehacer su vida tras comenzar de nuevo, los antisociales viven impunes.

El desplazamiento forzado es una violación a la libertad personal, a la propiedad privada, a la seguridad, al respeto al domicilio, entre otros, incluyendo la educación, ya que cientos de jóvenes han debido abandonar también sus centros de enseñanza ante la amenaza de las pandillas.

El Estado está obligado a proteger a las víctimas de desplazamiento, a resarcir el daño psicológico y económico, a castigar a los instigadores de su movilización forzosa y, sobre todo, a ayudarles a que recuperen su vida