El 20 del corriente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó ante el presidente de México y los embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras acreditados ante ese gobierno, el Plan de Desarrollo Integral, mismo que propone un cambio de visión del fenómeno migratorio, del actual que percibe la migración como un fenómeno de seguridad del Estado o seguridad nacional, a otro centrado en la seguridad humana incluyente, abarcando derechos humanos, seguridad pública, defensa y medios de vida.
La migración debe ser segura, ordenada, regular, con igualdad y sostenibilidad. Dicho Plan, que incluye el sur de México -su región más pobre- y los países del Triángulo Norte, contiene treinta recomendaciones y cuatro ejes programáticos: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, gestión integral de la migración con seguridad humana, mediante un mayor y sostenido crecimiento económico, reforzando la integración de las cuatro repúblicas en materia comercial, energética, logística, vía un abordaje conjunto del cambio climático y desastres, avanzando en sistemas universales de protección social, priorizando las causas estructurales y efectos de la movilidad humana, con el propósito de impulsar un nuevo estilo de desarrollo cuatripartito.
Se trata de un plan incluyente que va a las causales sistémicas de este fenómeno humano de múltiples repercusiones tanto para las personas involucradas, sus familias y los países de origen y destino. Para su efectiva implementación requiere del cumplimiento efectivo de la promesa de inversiones económicas masivas, formuladas por los presidentes de México y Estados Unidos, López Obrador y Trump, respectivamente, complementadas por las provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Solamente una acción pronta, masiva, holística, permitirá hacer realidad este intento cepalino por regular el masivo éxodo mexicano, guatemalteco, salvadoreño y hondureño hacia la Unión Americana.
