La filtración de audios en los que supuestamente se escucha a la hoy exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce Villanueva, pedir coimas a sus subalternos hasta de cinco mil lempiras a cambio de aumentos salariales la orilló a la renuncia, pero puso una vez más sobre la mesa las malas prácticas cometidas por funcionarios.
El caso de Villanueva no es el único en el actual gobierno, pues hace unas semanas el director del Instituto de la Propiedad (IP), Tirso Ulloa, también se vio obligado a dejar el cargo tras trascender en redes sociales chats y audios en los que supuestamente pedía favores sexuales a una mujer a cambio de un empleo.
Hay otros casos en los que funcionarios de la actual administración han dejado sus cargos tras verse involucrados en escándalos que solo dejan al descubierto la cultura política que tristemente arrastran muchos políticos hondureños, quienes buscan el poder con el único propósito de beneficiarse de la administración de los recursos públicos, sin importar el daño que hacen a la sociedad.
El caso de Villanueva se vuelve más complejo porque se ha informado que el Ministerio Público le abrió una investigación por su presunta participación en el tráfico de menores, lo que de ser cierto vulnera aún más a los niños y niñas que deben ser atendidos por esa institución estatal.
Esas denuncian preocupan a organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos de los niños y niñas y, sin duda, marcan la administración de la presidenta Castro, quien ha ordenado una investigación exhaustiva de tales denuncias.
La Fiscalía debe actuar con diligencia en este y todos los demás casos que han sido denunciados hasta ahora, no dejarlos dormir, y llevar las investigaciones hasta presentar a los tribunales competentes a quienes resulten responsables de tan deleznables actos, no importando la militancia política o la cercanía que puedan tener con los administradores del gobierno central.
