El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia no ha dado los resultados esperados, por lo que los Colegios de Periodistas y de Abogados de Honduras han anunciado su retiro de dicho mecanismo, creado en el marco de su propia ley.
En el papel se escribió que esta era “una instancia en la que diferentes instituciones del Estado en coordinación con representantes de gremios y sociedad civil adelantan acciones encaminadas a prevenir y proteger el riesgo de las personas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y las labores jurisdiccionales, pero los resultados no han sido los esperados”.
En el caso de los periodistas, son muchos los que en razón de las amenazas a las que se enfrentan por su trabajo han buscado el apoyo de este organismo, pero no obtuvieron la respuesta esperada, lo que orilló al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) a anunciar su retiro horas después del asesinato de Luis Almendares, quien en vida había denunciado amenazas y solicitado la protección al citado mecanismo.
El Colegio de Abogados de Honduras, otro de los miembros de la misma instancia, ha anunciado esta semana su retiro “en virtud de que no miramos de que ese mecanismo nos haya servido en esta última década para brindarnos protección a los abogados”, en palabras de su presidente.
La situación de vulnerabilidad de los trabajadores de ambos gremios y de otros defensores de derechos humanos se ha incrementado en los últimos años. Las persecuciones, los ataques, la intimidación y la muerte no han parado y lo más grave es que casi el 100% de las víctimas de asesinato están en la impunidad.
Estos mecanismos deberían cumplir con los objetivos para los que fueron creados, nunca para abrir plazas en las que se enchamben los afines a los gobiernos de turno. Debería, entonces, ser hora de revisar su funcionabilidad. Es la vida de muchas personas las que están en peligro por su inoperancia.
