Tanto el año recién pasado como el actual se han caracterizado por la efervescencia social, por múltiples causas, unas más valederas que otras. En toda sociedad y todo sistema político existen tensiones, conflictos, expectativas, que deben ser atendidas y canalizadas a efecto de encontrar soluciones factibles, de corto y mediano plazo, que eviten la ingobernabilidad y la inestabilidad. De no ser resueltas, ocurre su agudización y agravamiento, algo que es aprovechado por sectores interesados en llevar agua a sus molinos partidarios.
Médicos y enfermeras, muchos de primera línea, que han arriesgado su salud en el combate de la pandemia, reclaman sueldos atrasados, ajustes salariales, otorgamiento de nombramientos. Maestros igualmente demandan similares peticiones, pero también protestan por los concursos magisteriales recientemente realizados que han presentado irregularidades respecto al puntaje obtenido en los exámenes a que se sometieron para optar a cargos docentes y administrativos.
Pobladores que exigen la reparación de carreteras y caminos, la invasión de tierras privadas en plena producción agrícola y de parques nacionales tienen un denominador común: su ilegal ocupación por personas manipuladas por azuzadores de oficio que se lucran de las necesidades de los desposeídos.
Militantes del partido oficialista ocupan oficinas estatales en reclamo de empleo, aun cuando no siempre poseen requisitos mínimos ni experiencia para el desempeño de cargos públicos. No obstante, en este segundo año del gobierno, es hora de dinamizar la gestión de la administración pública, eficientando los diversos servicios de su competencia, actuando de manera coordinada, eficiente, transparente y honesta.
Tanto ella como su equipo tienen aún tres años de mandato para demostrarle a los gobernados, con hechos, que han estado a la altura de los retos y que han sido merecedores de la confianza y empoderamiento otorgados por la ciudadanía en noviembre de 2021.
