Sin duda alguna, una de las noticias más dramáticas de los últimos meses en Honduras es que 246,356 estudiantes de los diferentes niveles de educación han quedado excluidos del sistema a lo largo de la pandemia.
Se estima, además, que en el país, en el que tan solo un 20 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, un millón de estudiantes no podrá terminar el año escolar porque sus padres no tienen empleo ni fuentes de ingresos para acceder a las plataformas tecnológicas dispuestas para la enseñanza en tiempos del covid-19, o porque viven en zonas alejadas donde no tienen acceso a energía eléctrica, mucho menos a internet o a un aparato tecnológico para recibir una instrucción académica a través del WhatsApp, que es el sistema de mensajería que más se utiliza para dar clases a nivel nacional.
Todavía más grave es que las autoridades de Educación, conociendo la problemática, muy poco han hecho para remediar la misma.
Las consecuencias de ello sin duda serán graves, no solo para los niños y los jóvenes, que ven reducidas sus esperanzas de romper algún día el círculo de la pobreza en la que nacieron y crecieron -a través de la educación-, sino también para el país, que, tal como lo expone UNICEF en su documento “Educación en pausa”: “Las pérdidas que esta generación puede sufrir en su educación y en su potencial humano ponen en peligro las esperanzas de la región para su recuperación económica y desarrollo a largo plazo”.
El desafío para atender esta problemática es monumental y las respuestas para atenderla también deben ser monumentales. No basta con decir que a estas alturas del año escolar no se han cerrado las matrículas y que se está buscando a los alumnos que se han quedado fuera del sistema para traerlos de regreso.
Se requieren políticas públicas encaminadas a garantizar plenamente el derecho de niños y niñas a la educación de calidad que, como lo sostiene UNICEF, sustente su progreso y bienestar futuros. Se tiene, sin duda, que actuar con más diligencia.
