Han pasado ya 32 días desde la desaparición forzada de cuatro miembros de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida. Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Tróchez Cálix y Albert Snaider Centeno Thomas fueron raptados la madrugada del 18 de julio de sus hogares, por hombres fuertemente armados que vestían indumentaria de fuerzas de seguridad del Estado y desde entonces no se volvió a saber nada de ellos.
Organismos nacionales e internacionales se han sumado a las voces de la comunidad garífuna para exigir al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández buscar y encontrar con vida a los cuatro hombres, pero sus clamores no han sido escuchados.
Las autoridades competentes no tienen respuesta concreta a pesar de haber anunciado que equipos especiales de investigación se dedicarían exclusivamente a este caso, que desnuda la vulnerabilidad y el irrespeto a los derechos humanos prevalecientes en el país, y principalmente de un grupo poblacional que arrastra desde hace décadas una lucha por el respeto de sus derechos territoriales y ancestrales, los que siguen violentándose a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2015 condenó al Estado de Honduras por violación a los derechos humanos de la comunidad garífuna y le ordenó adoptar medidas para hacer efectivo el derecho de la propiedad comunal y la posesión de un territorio ancestral. Cinco años después de la resolución de la CIDH tampoco han cumplido con el mandato de “delimitar y titular adecuadamente sus tierras, acorde a su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. El Estado debería tutelar los derechos ancestrales de estas comunidades, pero también el derecho a la vida de sus habitantes, por ello se ve obligado a poner todo su empeño en aclarar y castigar a quienes resulten responsables de este atentado contra la vida de los cuatro hombres que continúan desaparecidos.
