A casi 40 años del establecimiento de la acuacultura del camarón en Honduras (1972), y con el patrocinio de la Agencia Internacional para el
Desarrollo de Estados Unidos (USAID), el Banco Mundial y otras Instituciones financieras, comenzó la destrucción de los humedales y violación de los derechos humanos, con el único objetivo de suplir a EE UU y a Europa de proteína barata y a sus inversionistas de pronta riqueza.
La punta de lanza fue Sea Farm’s o lo que es lo mismo: Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), originaria de EE UU, la cual llegó a apoderarse de más de 8 mil hectáreas de humedales en “concesión”. Hace un par de años, los inversionistas “gringos” de dicha empresa abandonaron y dejaron el proyecto a la oligarquía nacional, y esta ha continuado con las mismas prácticas nocivas que la originaron. Veamos dos ejemplos recientes:
El 29 de febrero del 2012, GMSB fue sorprendida por la Fiscalía y el Instituto Forestal en el sitio denominado Cadelpa (Municipio de Marcovia, Choluteca), talando frondosos árboles de mangle, dizque para hacer un nuevo canal de abastecimiento con aguas más puras, ya que “las que usan actualmente están contaminadas”, por ellos mismos. Posteriormente el ecocidio fue reconfirmado por el Coddefagolf, la Secretaría del
Ambiente y otras instituciones competentes. Agravantes: GMSB viola la Ley de Pesca; la Ley del Ambiente (no tienen licencia ambiental); un decreto del Congreso Nacional (5-99 E); convenios internacionales (Ramsar, Biodiversidad) etc. Extraoficialmente se ha sabido que por estos delitos la Procuraduría del Ambiente permitirá que siga el proyecto, a cambio de obsequiar unos $3,000.00, a la Fiscalía, y otras “penas” que no harán más que permitir la impunidad y la reincidencia, además de dejar posiblemente a más de un funcionario con una generosa “propina”.
Y con esos antecedentes, los camaroneros
presionan al gobierno para que firme un convenio de comanejo ¡para administrar ellos las áreas protegidas! Al habérseles impedido la consumación de este atentado, ahora buscan un “convenio
de cooperación socioambiental”. Los importadores de EE UU y Europa hasta ahora les están pidiendo pruebas de su responsabilidad social empresarial y de tal manera la piensan obtener.
En otro caso de marginamiento social (donde se rumora fuertemente la influencia de ejecutivos de GMSB), la Asociación de camaroneros exige al Gobierno la subasta inmediata de las camaroneras estatales que pertenecieron a un grupo inversionista que quebró y que el Estado las recuperó, pagando por las deudas que tenía dicho grupo. En diciembre de 2011, los pescadores y extrabajadores de las fincas se hicieron cargo de la restauración, cuidado y producción de las mismas y en mayo de 2012 han comenzado a cosechar.
Desde el primer momento los pescadores han pedido el diálogo con el gobierno para comprar las fincas con la producción que obtengan; pero el gobierno no escucha a su pueblo y sí a la petición de los empresarios camaroneros para que se desaloje a los pescadores y se realice la subasta de inmediato. El objetivo es que la rapiña empresarial se quede con dichas fincas y que los pobres continúen en su pobreza.