Educación, salud, seguridad y justicia son responsabilidades ineludibles del Estado. Sectores privados podrán incursionar en la dotación de servicios afines, con o sin fines de lucro, pero el gobierno no puede reducir ni delegar, menos ignorar, el deber de cumplimiento, facilitación y control que por sus naturalezas le corresponde.
El grado de eficiencia en la administración de estas tareas, inmensas como complejas, determinan la valoración coyuntural e histórica con que marca el pueblo a cada gobierno, sea que se perciba dinámico, proactivo y buen comunicador o al contrario.
Sea que la discrecionalidad presidencial en la escogencia de los ejecutores de las decisiones parezca acertada, a veces de chiripa, y se seleccionen algunas personas capaces, pocas, suficientemente decididas.
Decididas a incomodarse para transformar lo que está mal y lo que en vez de hacernos avanzar como nación, nos rezaga. Si estuvieran decididas, no serían absorbidas por unos sistemas, no colapsados, ello implicaría previo desarrollo de sus potencialidades, sino simplemente negligentes y en ocasiones hasta estorbosos.
Son resultados, no intencionalidad ni esfuerzo, lo que mide la ciudadanía, o más bien, lo que cree merecer de sus servidores. Una eficiencia o ineficiencia con que los marca también la comunidad internacional, que tiene en esas valoraciones los determinantes de la distribución de su ayuda y cooperación. Tan necesitados nosotros.
De ahí que estas cuatro áreas de la función pública, sumada la de la infraestructura, cinco entonces, debieran concitar la focalización de la acción gubernamental y de la proliferación de escenarios, la mayoría de los cuales solo sirve para proyectar a sus actores.
Este gobierno lo intenta, de lo que tenemos dudas es de si los encargados y sus estrategias, las han de tener, darán los resultados esperados. La rendición de cuentas debe ser constante. Para hacer los ajustes que ameriten.
