El gobierno ha aprobado un paquete fiscal que será, sin lugar a dudas, una pesada carga para personas naturales y jurídicas. Las razones por las que estas medidas se toman en este momento son evidentes. Vale subrayar que son medidas de cortísimo plazo que afectarán negativamente la actividad económica rápidamente y de manera importante. Su objetivo primordial es de carácter práctico: resolver parcialmente el problema de disponibilidad de recursos líquidos del gobierno para cumplir con sus obligaciones de corto plazo y ubicarse en posición de adquirir recursos adicionales, facilitado por un acuerdo con el FMI.
La realidad es que el gobierno arrancará entre 4 y 5 puntos del PIB de la economía y los trasladará al gobierno para resolver la muy seria situación económica en que se encuentra (se proyecta que el déficit alcance el 7% para 2013). Es decir, se sustraerán recursos financieros de la economía real para, principalmente, pagar deudas y sueldos. La fuente primordial de recursos será el impuesto sobre ventas y la inflación generada por los aumentos al combustible y la ENEE, que recaen en la mayor parte de las personas y representan un porcentaje importante de sus ingresos, comparativamente hablando. Es decir, las personas más pobres del país pagarán proporcionalmente una cuota más alta del “paquetazo”.
Es evidente que el nuevo gobierno conoce y desea resolver los problemas de pago que le hereda el gobierno de Lobo y decide pasarles la cuenta a los contribuyentes, pero, al hacerlo, esgrime muy pocos argumentos relativos a su propia cuota de sacrificio. Lo relativo a la consolidación de Secretarías de Estado y recorte en gastos de viaje son, en el mejor caso, argumentos carentes de un programa de implementación y metas medibles y específicas. La generación de objetivos específicos con plazos determinados es importante a fin de medir el real desempeño de la actividad gubernamental; ¿cuáles son las metas y objetivos específicos para los cuales se usarán estos nuevos recursos a disposición del Gobierno?, ¿cuáles son las metas relacionadas con devaluación, déficit fiscal y crecimiento del empleo y la producción?
Si bien los problemas son harto conocidos: la seguridad personal y jurídica (tema central y relacionado con todo lo demás), la generación de empleo, el déficit fiscal y la atracción de inversiones, la realidad es que para el Sr. Hernández, todo se reduce a la oportunidad de trascender a través de la generación de crecimiento económico. Aún más, establecer bases firmes para un crecimiento con mejor distribución de la riqueza. Para las generaciones venideras no será suficiente que el gobierno resuelva su problema de pagos o ponga parches a las necesidades del sector social, como el Bono 10 Mil (con más deuda de por medio), también deberá de enfrentar el reto del crecimiento como base para la creación del empleo y una economía más saludable y, especialmente, más equitativa.
El índice mensual de actividad económica (IMAE) ha mostrado que el crecimiento se ha desacelerado desde finales del 2011 y la deuda pública alcanza aceleradamente el 41% del producto a finales del 2013, ¿cuál es el plan de acción y propuestas específicas del nuevo gobierno para revertir estas tendencias e incentivar las actividades que propicien el crecimiento?, ¿cómo pretende el gobierno recortar el gasto y al mismo tiempo limitar el impacto negativo del desempleo en la economía del país?, siendo que es el mayor empleador en el país.
Para esto último, es imprescindible que el gobierno tenga bien definidos sus objetivos de inversión pública, compensación social, generación de empleo y, por definición, mayor eficiencia administrativa y operativa. Sin esto último y sin un plan definido y trabajado al detalle de reducción del gasto, el gobierno del Sr. Hernández será conocido como otro más, que pasó sin que pasara nada positivo. Con una diferencia, habrá sacado más dinero de la economía que ninguno otro antes y probablemente dejado el país al borde de la ingobernabilidad.
Tenemos que sumarnos al grupo de países, como Chile, Panamá y Costa Rica, que dejan una estela de cambio positivo y van camino a mayores niveles de prosperidad; apartar los temas de interés nacional de la agenda política partidista por el bien de todos. Es tiempo de romper paradigmas y ecuaciones de poder e influencia a fuerza que el gobierno recobre la confianza de la sociedad con trabajo, obras y combate a la corrupción.
