Estas elecciones recién pasadas volvieron a exhibir la delincuencia electoral casi crónica en Honduras. Aún en la más absoluta impunidad. La práctica de celebrar y remunerar la trampa, la burla a la decisión popular con tal de alzarse con el poder, se replicó.
Si nunca se ha penado y hasta se agradece como servicios prestados a las corrientes y a los partidos… Cuando creímos que había cierto blindaje por la sensibilización sobre la problemática que tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como la sociedad civil y sectores lúcidos de algunos partidos realizaran. Pero pudo más la incidencia que las faltas e ilícitos electorales lograron en el pasado, cuando en vez de ser castigados los transgresores de la ley electoral y de la voluntad popular, fueron premiados con diputaciones, ministerios, embajadas y hasta presidencias. Los delincuentes electorales deben ser identificados, juzgados y condenados.
Aunque se trate de personajes con influencias, sobre todo si se trata de personajes con influencias. Tal es la demanda de la ciudadanía y de los militantes de los partidos políticos, quienes juntos ya entienden la delincuencia electoral como amenaza innegable a la gobernanza. Bueno, a la caricatura que tenemos de ella.
El proyecto de nueva Ley Electoral, que presentara ampliamente socializado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al Congreso Nacional, debe ser aprobado cuanto antes. Resulta curioso que el grupo en el Poder Legislativo, que como aplanadora tenía la facultad para aprobar esa nueva Ley Electoral y no lo hizo, sea hoy el más cuestionado por lo que se le presume gane fraudulento.
Esa nueva Ley Electoral generaría credibilidad en los sufragios y fortalecimiento institucional al TSE. Para ello, en adición, el voto electrónico es impostergable. Es que no encontramos otra alternativa que neutralice la degradación ética de quienes ambicionan el poder ya sea por las buenas o por las malas.
