En 1984 un grupo de oficiales argentinos fundó una entidad independiente nominada Centro de Militares para la Democracia (Cemida), cuya primera resonancia, días después, fue el estallido de una bomba de grosero poder sobre sus instalaciones... Los miembros del Centro manifestaron en su primera instancia pública estar hartos del abuso que algunos forajidos con uniforme hacían de las fuerzas armadas de su país, a las que desde 1880 habían conducido en contradicción con el pensamiento del prócer San Martín y a las que habían involucrado en golpes de Estado, crímenes múltiples, robos y obvios desmanes de poder, escudándose tras la institución para perpetrar delitos. Cemida se tornó actor de la democracia gaucha y 25 años más tarde, tras cientos de exposiciones, conferencias, cursos y talleres públicos para civiles y castrenses, sólidamente contribuyó a replantear el honesto papel que los mandos armados deben asumir en la república para ser agentes de desarrollo.
Como consecuencia, y tras retorno a la democracia, el Congreso de esa nación decidió ––a solicitud del Ejecutivo liderado por Néstor Kischner–– erradicar del articulado pertinente de su aparato legal el “deber” de la casta militar para “resguardar, proteger y defender” la Constitución, dejándole como funciones exclusivas… “contribuir a la defensa nacional actuando en forma disuasiva o empleando los medios en forma efectiva, a fin de proteger y garantizar de modo permanente la soberanía e independencia, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación, la vida y libertad de los habitantes y los recursos de la nación frente a los riesgos y eventuales amenazas de origen externo”.
A eso se añadió ciertas misiones no políticas y secundarias, tales como prestar apoyo durante emergencias colectivas (Ley de Seguridad Interior) y participar en acciones multinacionales para cuido de la paz, entre otras (Reglamentación de Ley de Defensa Nacional Nº. 23,554, decreto Nº. 727/2006-13/06/2006, Art. 1).
O sea ––si has comprendido–– que se arrebató a la mafia bélica la trillada excusa para oficiar golpes de Estado (Arts. 272/274 de Constitución de Honduras) y, más bien, todo mínimo intento de ello, siquiera verbal, se tipificó cual indudable delito de conspiración. Poda similar habían dispuesto o efectuaron posteriormente Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde ahora (sin dolor excepto de autoritarios y pícaros) ninguna élite, partido o grupo puede involucrar al chafarote en acciones fuera de ley, violación de la Carta Magna o alineación con facciones antidemocráticas, so riesgo de acabar en cárcel. Lo que inteligentemente fue una sobrevivencia básica del estamento castrense, en peligro de desaparecer por sus conductas irregulares.
Es más, a la primavera de 2010 y ante la escasez económica de Argentina por, mayormente, razones externas y borrascas con el FMI, la ministra de Defensa, Nilda Garré, respondió al reclamo popular de por qué se reducían los presupuestos todos del Estado menos el militar y ordenó tajantemente cortes trimestrales de 50% en gastos hasta nueva orden. Si flaquecían maestros y escuelas, si decepcionaban por su miseria los hospitales, si se adeudaba sueldos y salarios y si descendía la provisión nacional de divisas, ¿cómo es que a ciertos privilegiados no tocaba la crisis?... Tabla rasa, pues, y Argentina apagó aviones y camiones de guerra durante un año, suspendió ascenso de rangos, canceló privilegios y replanteó hasta sus mismas raíces la función de lo militar. Crisis era crisis. El primer derecho de crecimiento debe corresponder a quien produce y no a quien lucra con la productividad…
Como consecuencia hoy las fuerzas armadas argentinas ––a pesar de su negro y vergonzoso pasado reciente, y cuya espalda histórica roen ad eterno treinta mil muertos por desaparición y asesinato–– comienzan a reconciliarse con la sociedad que las inició y alimenta. Mal haría el diablo en morder la mano que lo sustenta, como consuetudinariamente es aquí.
Santificado sea, pues, tu nombre Honduras. Para muy pronto te deseo lo mismo.