El artículo anterior, luego de resumir los fracasos de las reformas agrarias en los países en desarrollo, advirtió los graves peligros de repetir los mismos errores.
El caso de México ayudará a entender por qué no resultan los repartos coercitivos de tierra.
La reforma del país amigo, que surgió en medio de una sangrienta revolución armada, ha sido la más extensa, profunda y prolongada de América Latina.
La Revolución estalló en 1910. Ya en 1911 emitió el Plan de Ayala, que inspirado por el líder agrarista y revolucionario Emiliano Zapata, ordena recuperar las tierras usurpadas por las grandes haciendas.
Entre 1911 y 1992, fueron repartidas 100 millones de hectáreas –la mitad del territorio nacional, dos tercios de la propiedad rural– entre tres millones de familias agrupadas en 30,000 ejidos.
En el año 2000, de los 5.0 millones de propiedades rurales, 3.5 millones eran parte del sector reformado. Los líderes de la Revolución cumplieron su obsesiva promesa de repartir la tierra de los hacendados.
El orgulloso y pujante México moderno es producto de la Revolución y de su reforma agraria, que proveyó la estabilidad y la gobernabilidad necesarias para la inversión, la industria, la economía moderna, la urbanización en gran escala.
Pero esa grandiosa transformación no alcanzó a los campesinos. Como en Honduras, ahí donde se repartió la tierra, ahí mismo la pobreza se convirtió en miseria, en marginación y en olvido.
¿Cómo ha podido ocurrir tan grande tragedia, que, pagada con sangre y sacrificios fiscales, es común a las reformas de expropiación forzosa en el mundo?
La reforma mexicana puede contestar. En primer lugar, el propósito político fue siempre repartir tierra entre el mayor número de campesinos.
Esto condujo al minifundio, que en unidades numerosas es muy difícil y costoso de coordinar, encausar, financiar y proveer de insumos y equipos.
Los campesinos fueron objetos de la reforma, nunca sujetos. El reparto y la dirección del proceso fueron actos del gobierno.
El sector quedó así en manos de la burocracia oficial, con sus trámites inagotables, sus cortas mentalidades y sus largos plazos.
Y sus compromisos políticos, con el líder local, con los diputados, con los ministros, con el partido, con los parientes y amigos. Tierra fértil para la corrupción.
La burocracia agraria careció de elementos esenciales para su trabajo: catastros confiables, cuando los había; estudios de aguas, de energía, de suelos, de mercados.
Pero hubo otro factor negativo: el rol político y económico que fue asignado al sector agrícola.
La promesa de las revoluciones y de los golpes de Estado populistas (de izquierda y de derecha) fue siempre el desarrollo económico acelerado.
Para lograrlo, era crucial producir a bajos costos de producción industrial. Si los precios de la alimentación no eran bajos, los salarios industriales tampoco lo serían, y los costos finales serían altos.
El campo fue obligado a producir comida barata para las ciudades, donde se concentran las industrias, los poderes y las luchas políticas.
De esta forma, el gobierno decidía los productos, establecía las cantidades, fijaba los precios. Los campesinos carecían de incentivos para mejorar su trabajo de improductividad forzada. Esto los condujo a la miseria.
Atados a la tierra, que no podían vender, gravar, traspasar, arrendar ni heredar, los mayores se quedaban sobreviviendo, y los jóvenes migraban a la ciudad y a otros países.
Las reformas coercitivas crean la incertidumbre que reduce primero y paraliza después las inversiones internas y externas.
Ese es un precio demasiado alto para pagar los intentos de resucitar un modelo agrario que ya fue enterrado por sus funestas experiencias.
México ensaya un nuevo modelo agrario, administrado por los beneficiarios agrupados en ejidos, sin intervención del gobierno. Se trata de asimilar y corregir los errores del pasado.
Nuestras autoridades agrarias y los liderazgos campesinos quizás tendrían algo que aprender de ese modelo. Más, creo, que añorando discutibles glorias que produjeron lamentables consecuencias para todos.
